Las grandes decisiones que se han tomado en esta administración han sido apoyadas, promovidas y aprobadas por los legisladores de Morena y sus rémoras, y ello conlleva también una responsabilidad compartida entre el Legislativo y el Ejecutivo, que han provocado severos daños a varios sectores de la población.
Tomemos cualquier tema al azar; por ejemplo, el desastre que ocurre en el sector salud, en el cual se observa que desde que se desmanteló el sistema nacional de adquisiciones de medicamentos, pasando por el mal manejo de la pandemia por covid-19 y rematando con la desaparición del Insabi, creado por López Obrador y luego borrado del mapa, después de haber tirado 500 mil millones de pesos en su malograda operación, hubo participación del Congreso.
En la Cámara de Senadores y desde luego, en la colegisladora, se impidió, por ejemplo, la comparecencia de Hugo López-Gatell, el llamado ‘Doctor Muerte’, para explicar sus decisiones en torno a subestimar en primera instancia pruebas masivas de detección del virus; la compra oportuna de vacunas y su aplicación inmediata a la población; el monopolio en la compra y aplicación de las vacunas anticovid; la acumulación de antígenos y medicamentos para atender la enfermedad caducados en las bodegas del Insabi, Secretaría de Salud y otras instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE.
La mayoría oficialista en el Congreso es corresponsable de los desatinos y omisiones del gobierno del tabasqueño, y en ese sentido debe haber un seguimiento puntual para efectos legales sobre los daños a la nación y a todos los mexicanos ocasionados por esa aplanadora legislativa.
Augura el jefe del Ejecutivo federal que ante el rechazo sistemático a su reforma electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, operará el plan D para ganar la mayoría absoluta en ambas cámaras en los comicios de 2024 y con ello renovar a la Suprema Corte y en general el Poder Judicial.
Estas barrabasadas se explican cuando se colocan todas las piezas del rompecabezas del absolutismo en su lugar y se observa que la maquinación para quitar los contrapesos, ya sea con la cooptación de los puestos de dirección de los organismos autónomos o de plano con su extinción, busca la conservación del poder más allá de 2024, en una clara expresión del obradorato.
La incipiente dictadura que se está forjando desde Palacio Nacional caminaba rumbo a su consolidación, hasta que irrumpió en el escenario político y judicial un personaje que fue nombrado por sus pares como ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, y a partir de de ese momento, se empezó a enderezar el rumbo democrático del país.
Desde luego, el activismo de la sociedad civil ha forzado a la 4T a sopesar sus decisiones, so pena de afrentar el rechazo popular en las calles con su consecuente cobro de factura en las urnas.
Las cuentas alegres que esgrime AMLO sobre ganar las elecciones de 2024, solo ocurren en su cabeza, ya que esos 30 millones de votos que alcanzó para ganar la Presidencia en 2018, se han esfumado y en el mejor de los casos solo cuenta en la actualidad con la mitad y ello, de suyo, es una seria amenaza para que su corcholata gane los comicios presidenciales.
Esos diputados y senadores del oficialismo, creen que no hay registro de sus votos y las consecuencias negativas de las mismas y que el fuero y la cooptación de las fiscalías por parte del Ejecutivo, durarán para siempre.
Un común denominador que ocurre con esos representantes populares que ha encumbrado AMLO en el poder, es la creencia de que el cargo les durará toda la vida y por ello, son escandalosos los grados de corrupción y de ineptitud en la 4T.
Están por impulsar una consulta popular para elegir a los ministros de la SCJN por voto directo de la ciudadanía, cuando este esquema solo se ha aplicado en aquellos países que están sometidos bajo la bota de las dictaduras más abyectas del orbe.
Una consulta popular a todas luces inconstitucional y que no será aprobada por la mayoría calificada del Congreso, salvo que vuelvan a replicar el modelo impuesto por Ricardo Monreal para secuestrar al Senado, en donde no intervenga el bloque opositor de legisladores y acomodar los votos a su conveniencia.
Da pena ajena la LXV Legislatura con la mayoría simple de los legisladores de Morena y sus rémoras.
Cuando termine esta pesadilla, se pondrá bajo el crisol de la justicia y del juicio político a los actores del actual desastre, mientras ello ocurre, nos tendremos que fumar el intento de imposición del absolutismo que busca el renacimiento de la dictadura perfecta, pero ahora bajo la égida del obradorato, en detrimento de los derechos humanos de los mexicanos y del orden constitucional.