Estamos en un país en guerra en donde a diario ocurren hechos sangrientos provocados por los criminales que tienen el control sobre vastas regiones del país y que tienen sometido al gobierno, merced a su estrategia fallida para combatirlos.
Ni con el Ejército en las calles y con una Guardia Nacional que en la práctica tiene un mando militar, se revierte el narcoterrorismo que padecemos y menos con decretazos y reformas que solo en papel tratan de equilibrar la lucha contra los cárteles de la droga y los grupos criminales.
Ahora que está la discusión en el Congreso sobre mantener al Ejército en las calles hasta el otro sexenio e incorporar a la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, la pregunta surge de inmediato y con ello será suficiente para empezar a revertir los índices delincuenciales que en este gobierno presentan niveles inéditos al alza.
Por supuesto que no, mientras no se aplique el marco constitucional en donde el imperio de la ley marque el accionar del Estado contra los delincuentes, muy poca cosa se podrá hacer.
La política de abrazos no balazos que implementó López Obrador, habla más de una connivencia con los criminales que un combate eficaz contra ellos.
Son miles de desplazados por la violencia en el país y serán más lo que tengan que dejar sus hogares en esta administración. Así que, por lo menos en los próximos dos o tres años las cosas estarán peor en materia de seguridad pública, particularmente en homicidios.
En México ha habido más muertes en el gobierno de la 4T que en la invasión rusa a Ucrania y ello, ya de suyo, es alarmante y habla de un Estado fallido.
Desde San Lázaro, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano ha manifestado que mantendrá su posición en contra de la militarización del país desde el momento en que se presentó la iniciativa de reforma constitucional, así como las modificaciones a la legislación secundaria.
La diputada Ivonne Ortega de ese partido, señaló que las acciones que se deberían tomar son: fortalecer a las policías municipales y estatales, además de presentar una estrategia para mejorar la coordinación de las fuerzas federales, como la Guardia Nacional, con las municipales y estatales; de no ser así, “vamos a seguir viendo a un país en llamas”.
Adelantó que su grupo parlamentario estará listo para presentar las reservas necesarias en la discusión de la iniciativa de reforma constitucional que propone extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.
“Estaremos listos. Vamos a dar la batalla el tiempo que sea necesario, porque es un tema que afecta mucho a las familias. Nosotros lo dijimos desde hace 15 años, que se estaba militarizando el país, y ahora se ha agravado”, dijo.
Presidentes van y vienen y la inseguridad pública se ha recrudecido a niveles alarmantes y ahora las cosas se han puesto peor por la fallida estrategia de AMLO y con la militarización que se pretende dar, pues la ciudadanía estará sometida bajo dos fuegos, el de los criminales y el de los soldados, quienes no están preparados para combatir a la delincuencia y sí para la guerra, en donde los derechos humanos quedan suspendidos.
Ante un organismo que padece de una abyecta complicidad ante los abusos del Estado, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la preside una Piedra, la población civil está totalmente desprotegida.
Más bien, las acciones del Poder Legislativo deben estar encaminadas a sancionar con leyes más severas a los funcionarios públicos que son omisos en el cumplimiento de su deber y de los ordenamientos que establece la Carta Magna, empezando por el presidente de la República.
Así que esos fuegos pirotécnicos que se lanzan todas las mañanas desde Palacio Nacional para desviar la atención del respetable, de los severos problemas por los que transita México, son totalmente ociosos e irresponsables, como también la discusión que se da en el Congreso, que en el fondo se trata solo sobre la lucha por el poder.
El fracaso de la 4T en materia de seguridad pública es más que evidente, y si este grave escollo fuera el único sería alarmante, pero toda la incapacidad gubernamental ha incidido en acentuar una crisis prácticamente en todos los indicadores productivos y sociales que se tienen al momento.