Continúa sin regularizarse el abasto de medicamentos oncológicos, no obstante la promesa de solucionarlo por parte de todos los funcionarios involucrados en el tema, incluso, alguno dijo que se cambiaría del nombre si no se terminaba con el problema.
Resulta criminal que no se pueda atender la demanda de cientos de padres de familia que tienen la desgracia de tener en el seno familiar un pequeño con cáncer y que carece de las medicinas necesarias para su atención, debido a que el sector de salud del gobierno federal no ha podido normalizar el suministro de los fármacos.
De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), en México el cáncer infantil constituye la segunda causa de muerte y la primera por enfermedad en niños de cinco a 14 años, produciendo el fallecimiento de más de dos mil menores cada año, por lo que debe considerarse un problema de salud.
La tasa de mortalidad en menores es de 5.3 por cada cien mil, mientras que en adolescentes es de 8.5 debido a que entre 5 y 50 por ciento de ellos abandonan el tratamiento o no encuentran el surtido efectivo de medicamentos necesarios.
Además, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) informó que, en 2020, se registraron cinco mil 696 casos detectados de cáncer infantil en el país. Campeche, Chiapas y Tabasco son los estados con mayor tasa de mortalidad en niños de cero a nueve años y en adolescentes de 10 a 19 años, de acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia.
El mapeo del desabasto de medicamentos en México, desde febrero de 2019 y hasta el 30 de abril de 2021, ha registrado 4 mil 504 reportes que detallan la falta de alguna medicina o suministro médico en instituciones públicas del sector salud.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el país los tipos de cáncer más comunes en niños y adolescentes son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas
Ante estos datos duros continúan las mentiras, promesas y maromas para justificar la incapacidad para resolver el desabasto.
El desorden administrativo en la Secretaria de Salud, Insabi, IMSS e ISSSTE y otras instituciones públicas de salud, cuyos titulares no atinan a coordinarse con la SHCP para realizar las compras consolidadas y terminar con el desabasto de medicamentos, no solo para tratar males oncológicos, sino en general, todos esos padecimientos que se han recrudecido con el paso de la pandemia.
La cadena de errores e incapacidades para coordinar desde la compra, logística de distribución, hasta la dotación directa de medicamentos a los pacientes, estigmatizó al gobierno de la 4T y como se observan las cosas y ante la insuficiencia presupuestaria, no se vislumbran soluciones en el corto plazo.
Las crisis sanitaria y de salud siguen vigentes al desatender a los sectores de la población más desprotegidos.
Desde San Lázaro, la diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) presentó reformas a los artículos 2 y 27 de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, con el propósito de que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas garanticen el abasto de medicamentos oncológicos para el tratamiento de cáncer en niñas, niños y adolescentes.
En la iniciativa, remitida a la Comisión de Salud, establece que en caso de que la Unidad Médica Acreditada (UMA) en la que se realizó el diagnóstico no cuente con los servicios necesarios, con la capacidad disponible o con los medicamentos oncológicos, el menor se remitirá a la UMA más cercana.
Precisa que si en ninguna de las unidades hubiese medicamentos oncológicos disponibles, la Secretaría de Salud deberá llevar a cabo acciones de subrogación de servicios que atiendan el desabasto de medicamentos, con la finalidad de garantizar el tratamiento del cáncer en la infancia y adolescencia.
La desatención a niñas, niños y adolescentes enfermos con algún tipo de cáncer y la escasez de medicamentos oncológicos en hospitales públicos, así como el menosprecio de las autoridades con los padres y madres que alzan la voz solicitando medicinas para el tratamiento de sus hijas e hijos, se convierten en acciones contrarias a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.