En el pleito que trae el presidente contra el INE, al final del día, todos perderemos ya que si la aplanadora de la 4T somete la autonomía e independencia al organismo electoral, no solo pierde la democracia, sino la sociedad en su conjunto.
En sus deseos por imponer la hegemonía del actual proyecto político que gobierna al país, AMLO necesita un INE plegado a sus designios, no solo para organizar consultas populares, mecanismo con el cual podrán imponer su santa voluntad como lo hicieron con la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la termoeléctrica de la Huesca en Morelos, sino en acomodar los resultados electorales de las elecciones en turno a su voluntad y capricho.
La manzana de la discordia que representa en estos momentos la revocación de mandato tan solo es un señuelo para justificar tragarse al INE.
Estoicamente, los consejeros comandados por Lorenzo Córdova, los independientes al Poder Ejecutivo, están brindando la madre de todas las batallas en defensa de la democracia al resistir contra viento y marea los misiles que les sueltan todos los días desde el púlpito de Palacio Nacional.
Solo para los ilusos o los perversos, que para el caso es lo mismo, confían que la consulta popular sobre la revocación de mandato prospere en el sentido de que la gente que acuda a votar, que, por cierto, serán los mismos que la promueven, voten por que se quede el jefe del Ejecutivo federal en su cargo y con esta misma fórmula, intentar otros atropellos a la democracia para imponer una dictadura.
El cinismo que se destila por el crisol de la amargura y el revanchismo permea todo lo que hace López Obrador y sus compinches, y en ese sentido no se trata tan solo de mantener el poder después de 2024, sino de mantener sus canonjías y prebendas sin que haya ninguna consecuencia legal.
En esta lógica se explica el valemadrismo de Jorge Alcocer y Hugo López Gatell, en el irresponsable y criminal manejo de la pandemia; o el manejo que tiene Rocío Nahle en el reparto del pastel del presupuesto de Dos Bocas; y qué me dice de Delfina Gómez que es experta en quitarle un porcentaje del sueldo a sus subalternos para financiar, dice ella, la causa que abandera el principal huésped de Palacio Nacional.
Así las cosas, seguiremos con el circo de la revocación de mandato hasta que se lleve a cabo y entonces no dejarán de aullar los panegíricos del régimen.
Desde el Congreso, los legisladores de oposición alzan la voz para denunciar la persecución que emprende AMLO, Morena y sus aliados todos los días contra el INE.
Desde la reducción al presupuesto por 4 mil 913 millones de pesos, las demandas penales contra consejeros electorales, las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, hasta la injerencia del gobierno federal para presentar un “plan de austeridad”, son solo algunas de las acciones que intentan socavar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, afirmó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recordó que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que impactó negativamente en la organización de la consulta ciudadana de revocación de mandato; esto, sin debatir o analizar las reservas que el PAN presentó al respecto en su momento.
“Aun cuando existe una resolución del Tribunal Electoral que ordena a la Secretaría de Hacienda responder al INE sobre el presupuesto que requiere para organizar y ejecutar la consulta de revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció un plan de austeridad elaborado por el gobierno federal para el Instituto, con el propósito de ahorrar dos mil 972 millones de pesos para realizar el ejercicio ciudadano”, explicó.
El artículo 41 fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene la función de organizar las elecciones federales, y en el ejercicio de esta función se rige bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 29 establece respecto a la autonomía del INE, su relación del Instituto con el Poder Legislativo y los partidos políticos, así como su autonomía presupuestaria y de toma de decisiones para llevar a cabo su encomienda.
En consecuencia, el gobierno federal violenta con su propuesta de plan de austeridad la autonomía del órgano electoral al sugerir “respetuosamente” medidas de recortes a su presupuesto o decisiones presupuestales que a todas luces le corresponden únicamente al INE.
Desde el recorte presupuestal el INE solicitó mayores recursos para efectuar la revocación de mandato presidencial. La respuesta, una estrategia para amedrentar al Instituto a través de recursos legales y diversos medios para que se realice este instrumento de participación ciudadana; sin embargo, es importante señalar que dichas acciones y su “plan de austeridad” son un chaleco de fuerza para el INE, que no está obligado a hacer lo imposible si no hay presupuesto.
El “plan de austeridad” que elaboró el gobierno lo hicieron una bola de neófitos en la materia que desconocían la operación interna del INE, al mencionar que se requería un recorte entre su personal sindicalizado, cuando el organismo electoral carece de sindicato.
Propusieron reducir mil 336 plazas directivas; pero en el Instituto sólo cuenta con 121 dentro de esas categorías. Lo más grave es que plantean tomar recursos del fideicomiso creado para los pasivos laborales del INE, es decir, para beneficio de los trabajadores.
Al existir una resolución judicial del Tribunal Electoral, donde ordena a la SHCP responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, lo único que procede es el cumplimiento cabal por parte de la Secretaría a este mandato judicial, al ser una sentencia firme.