Desde San Lázaro

Covid, inseguridad y Línea Doce en la consulta popular

En la consulta popular del 1 de agosto se pueden incorporar diversos temas para esclarecer y no solo aplicar la justicia a ex servidores públicos del pasado.

A la pregunta que contestarán todos aquellos que van a participar en la consulta popular del 1 de agosto, se pueden incorporar diversos temas para esclarecer y no solo aplicar la justicia a ex servidores públicos del pasado.

¿Está de acuerdo o no y que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Ante tal cuestionamiento, su ambigüedad y amplitud en el tiempo para juzgar a “actores políticos”, pues, caemos en la cuenta que, “años pasados”, también son 2019 y 2020, es decir los dos primeros años de la administración de AMLO y con ello se vale preguntar más concretamente sobre el “esclarecimiento de las decisiones políticas” tomadas en torno a la inseguridad pública, la pandemia originada por Covid-19 y hasta de la tragedia de la Línea Dorada del Metro.

“Garantizar los derechos de las posibles víctimas”, comprende a todas aquellas que han muerto por causas atribuibles a las decisiones tomadas para perfilar la estrategia que lleva el gobierno de ‘abrazos no balazos’, contra el crimen organizado y que en los 30 meses de la administración actual van 72 mil 892 homicidios, cuando en ese mismo lapso, en el sexenio de Felipe Calderón fueron 30 mil 572, además de las acciones que emprendió el gobierno de la 4T que provocaron buena parte de las muertes de más de 500 mil mexicanos contagiados por el virus chino.

El percance que provocó 26 muertos en la Línea Doce del Metro, es otro ‘asuntito’ que el gobierno de la capital y el federal deben esclarecer.

Desde San Lázaro, la bancada priista propuso, mediante un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que el Poder Legislativo haga un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en las papeletas de la consulta popular se incluyan, en el espacio reservado a la descripción del tema de trascendencia nacional, el tema de Covid y de la Línea Dorada y, no estaría de más, la inseguridad pública.

La redacción de la pregunta no define un periodo específico, por tanto, en una interpretación de la ley, cabe la posibilidad de abarcar actos políticos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicen los legisladores del PRI, que la pregunta de la consulta no cambia, la redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el INE debe acatar el mandato; sin embargo, en el formulario impreso la ley establece como requisito hacer una breve descripción del tema de interés nacional, por lo que sí es factible mejorar el texto, el cual incluiría las referencias a estos tres sucesos de gran trascendencia.

Los ministros de la Corte modificaron la interrogante propuesta por el presidente de la República, al considerarla tendenciosa y con juicios de valor, aún así, la aprobación de la consulta popular en 2020 no aclaró o delimitó un periodo.

La importancia de opinar sobre las decisiones políticas tomadas en materia de salud en el combate al Covid-19, ya que cifras oficiales reportan poco más de 233 mil personas fallecidas a la fecha, cantidad que se presume podría ser mucho mayor, además de que actualmente México ocupa el decimoquinto lugar mundial en el número de contagios y el cuarto puesto con más muertes, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil e India.

Por otra parte, los priistas en la Cámara de Diputados expusieron que el costo de inversión de la ‘línea de la muerte’ era de mil 750 millones de dólares, pero acabó costando 2 mil 600 millones de dólares, una de las líneas más caras en la historia de México; en tanto que desde su estreno requirió recursos para mantenimiento y corregir fallas, en 2014 cerró 11 de sus 20 estaciones para subsanar defectos de construcción, incluyendo la zona que colapsó el pasado 3 de mayo.

La pregunta aprobada por la SCJN no menciona a ningún expresidente y si se refiere a decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos, ello significa que también está en la boleta el presidente López Obrador.

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