El desaire a la consulta popular del 1 de agosto por parte de la ciudadanía tiene que ver con que el INE no tiene el presupuesto necesario para organizarla cabalmente y que la ‘ciudadanía libre’ no acudirá a las mesas receptoras a contestar una pregunta que a todas luces es amañada y tendenciosa, además de que en este ejercicio dizque de democracia participativa se constituye un claro ejemplo de desprecio a la Constitución.
No obstante los esfuerzos desesperados que hacen Morena y en Palacio Nacional para que la gente exprese su opinión en torno a un tema que además de que tiene los dados cargados, no alcanzará el 40 por ciento de la lista nominal para que sea vinculante, por lo que solo distraerá a la opinión pública y mantendrán los reflectores en el promotor de la consulta popular.
Tienen que participar 37 millones y medio de ciudadanos, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, para que la maquinaria judicial les clave los dientes a los expresidentes, quienes por supuesto ya están listos para promover los amparos necesarios contra el artificio legaloide que surgió de una mente rencorosa para cobrar afrentas personales y que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El cuestionamiento al que tendrán que responder los ciudadanos que decidan acudir a las mesas receptoras no menciona expresamente a los expresidentes ni tampoco a ex servidor público alguno.
El galimatías salió de la SCJN y en particular del ministro presidente Arturo Zaldívar para quedar bien con Dios y con el Diablo, pero que es tan ambigua como amplia en sus aspectos vinculatorios.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco legal y constitucional, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas y tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Llama la atención que la pregunta menciona “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos…”, esto significa que también el presidente López Obrador cae en este apartado, toda vez que él tomo decisiones de gran calado en 2019 que causaron daño patrimonial a la nación, como la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco mediante una consulta popular inconstitucional.
Como se aprecia, al final del día será otra ocurrencia que no solo implica distraer a la gente, a la autoridad electoral y el dispendio de recursos públicos, sino que retrasa la solución a los graves problemas que en estos momentos laceran a la mayoría de los mexicanos, como la inseguridad pública, la crisis económica y el desabasto de medicamentos, por citar tan solo algunos temas que requieren pronta solución.
La democracia participativa es indispensable para reencauzar el rumbo de la nación, pero en temas importantes que no tengan un sesgo político.
Veremos a cuanto acarreados podrá movilizar Morena y el gobierno hacia las mesas receptoras, aunque desde ahora se anticipa un monumental fracaso la consulta popular para enjuiciar a los últimos expresidentes de México.
Desde San Lázaro, PRI presentó una iniciativa de reforma al artículo 39 bis de la Ley Federal de Consulta Popular, a fin de que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con recursos en suficiencia y pueda convocar, organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de un referendo, así como promover la participación ciudadana.
En la exposición de motivos de la iniciativa priista se indica que la autoridad electoral enfrenta el reto de cubrir los costos inherentes a la organización de la consulta popular del 1 de agosto próximo, por un total de mil 499 millones 392 mil 669 pesos de acuerdo con la Junta General Ejecutiva del INE.
Asimismo, la consulta popular la presentó el Presidente de la República, fue aprobada por el Congreso de la Unión y la validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, el partido en el gobierno no asignó recursos públicos para realizarla.