Satisfechos con su trabajo aunque este sea uno de los peores de que se tenga memoria en la historia del Congreso, los diputados cierran hoy su último periodo de sesiones con un regalo al presidente de México: el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la Sección Instructora integrada por cuatro legisladores, dos de Morena, uno del PT y uno del PRI, así lo determinaran para dar paso a que la Cámara de Diputados se erija como jurado de procedencia para quitarle el fuero al mandatario.
El dictamen correspondiente se expresa en el sentido de que “Ha lugar a proceder en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas”, en función de haberse encontrado elementos que permiten acreditar la probable responsabilidad del servidor público en el ilícito de defraudación fiscal equiparada.
La resolución se tomó con tres votos a favor y uno en contra por parte de la diputada Claudia Pastor, del PRI, quien presentó su voto particular, en el sentido de que la sección instructora debe culminar todos los procedimientos y se dejen en estado de resolución, para que se resuelvan un periodo extraordinario y no mandarlos hasta que la próxima legislatura los pondere, como ha sido el caso del diputado morenista, acusado de violador de menores, Saúl Huerta.
Hoy somos testigos de una persecución política al más puro estilo de los tiempos en que gobernaban a México, tiranos y dictadores como el mismo Victoriano Huerta, y en donde la Cámara baja dominada por Morena y sus aliados políticos, se han plegado totalmente a los designios del jefe del Ejecutivo federal.
Los legisladores de Morena y PT dieron paso al desafuero del gobernador de Tamaulipas y prefirieron encubrir a un diputado que es acusado de violador no por un adolescente, sino por varios y que bajo el argumento de que lo atacan los de “la mafia del poder”, pudo librarse de que sus pares los desaforaran. Estamos hablando de Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores.
De ese tamaño se las gastan los diputados del partido en el poder, quienes ya tienen el estigma de cobijar a esos degenerados personajes que tienen la etiqueta de violadores y que pretenden ser gobernadores o reelegirse en el cargo como legisladores.
Es tal el cinismo y la complicidad de ciertos personajes encumbrados en Morena, que hacen todo lo que sea posible para proteger a sus correligionarios de sus fechorías, como ha sucedido con el diputado Saúl Huerta y en su momento con Félix Salgado Macedonio, por citar tan solo dos casos de varios que han dejado una estela de sospechosismo y contubernio de las cúpulas de ese partido.
Se van los diputados de la LXIV Legislatura con el desprecio de la ciudadanía y por trastocar el orden constitucional con todo un entramado de leyes que han puesto al país en una crisis económica, política y social sin precedentes.
Se preguntará el lector, el porqué de este juicio sumario, van solo tres casos como respuesta; la aprobación de la ley eléctrica, la ley de hidrocarburos y la militarización del país, además de otras reformas como la extinción de los fideicomisos.
Las leyes aprobadas van contra el bolsillo del pueblo y de socavar la protección que debe dar el Estado a la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
El balance de la LXIV Legislatura seguramente se hará bajo la óptica del mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos y no para consolidar un proyecto político que pretende mantener en el poder al presidente, cuyo sexenio termina en septiembre de 2024.
El bloque opositor en ambas cámaras tuvo un desempeño ambivalente y en ocasiones difuso y plagado de sumisiones que se entienden más por el temor a que la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera los arrinconarán con acusaciones penales en su contra, que ha atender los reclamos sociales.