Uno de los mantras que el presidente Andrés Manuel López Obrador repite con insistencia es que él y quienes apoyan a la 4T no son iguales a quienes gobernaron el país hasta 2018. Pero la reciente aprobación en el Senado de la República de la Reforma al Poder Judicial, que incluye un artículo transitorio insertado de última hora que le da al presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dos años más en ambos cargos, los muestra de cuerpo entero: son peores.
Para nadie es un secreto que las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados son incapaces de proponer un asunto de tal importancia sin la indicación expresa del presidente López Obrador. La mayoría de la que gozan Morena y sus aliados en ambas Cámaras les ha permitido aprobar los arrebatos presidenciales sin moverles una sola coma, aunque éstos vayan en contra de la Constitución o pongan en riesgo la autonomía de Poderes o de órganos independientes.
Para nadie tampoco es un secreto que López Obrador y el ministro presidente de la Corte han amarrado una relación de interés mutuo, y que tienen intereses políticos afines. El comportamiento de la Corte durante el gobierno de López Obrador, con Arturo Zaldívar al frente, ha dejado mucho qué desear, pues se ha plegado al poder presidencial de una manera grosera y servil.
La SCJN apoyó la realización de las consultas populares planteadas por López Obrador, y ha congelado diversas impugnaciones en contra de reformas propuestas por el gobierno actual. El ministro presidente de la Corte acompañó a López Obrador a la inauguración de una pista en lo que será el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, cuando no se trataba de una ceremonia en la que se requiriera por protocolo la presencia de los representantes de los Poderes de la Unión.
El artículo transitorio propuesto por López Obrador en la Reforma al Poder Judicial es violatorio de la Constitución. El Artículo 97 constitucional, en su párrafo cuarto, actualmente en vigor, señala: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
La Constitución, por tanto, resalta la ilegalidad del transitorio en la Reforma al Poder Judicial. Para que Arturo Zaldívar pueda ser presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura después de 2022, debe modificarse la Constitución. Lo que intenta López Obrador mediante un artículo transitorio es violatorio de la Constitución.
El Consejo de la Judicatura está dejando pasar la oportunidad de manifestarse contundentemente en contra de una violación a la Constitución propuesta desde Palacio Nacional, vía el Senado de la República. Tibiamente, expresó en un comunicado que se manifestará hasta que la Cámara de Diputados respalde o rechace la Reforma que le enviará el Senado.
El ministro Zaldívar debe expresarse ya en contra de lo que proponen López Obrador y Morena. No hacerlo, lo ubicaría al mismo nivel y lo haría cómplice de una maquinación en la que la cooptación de los Poderes y los órganos autónomos sería el objetivo.
Otro mantra repetido con insistencia por López Obrador es: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Por supuesto, eso no lo incluye a él, que ha mostrado que si la Constitución no le es afín y no permite sus propósitos, pues entonces hay que cambiarla. Con esas simulaciones, queda claro que no son iguales, son peores.