Desde hace más de cuatro décadas, la narrativa que ha predominado entre los economistas estadounidenses ha sido la de la economía por el lado de la oferta.
Popularizada en el gobierno de Ronald Reagan, esta teoría propone que la excesiva intervención gubernamental impide a las empresas desarrollarse. Los altos impuestos las dejan sin fondos para invertir; la sobrerregulación destruye su productividad.
En cambio, si se les libera de esas cargas, prosperan y crean empleos. Al hacer crecer la economía, incluso el fisco dispone de más fondos para impulsar la infraestructura y los servicios básicos.
Además, considera que establecer un salario mínimo impide la creación de empleos y que la mayor parte de los programas sociales ayudan poco a la gente y fomentan el parasitismo. Favorecen por eso las transferencias directas de efectivo, enfocadas a los grupos sociales que “realmente” las necesitan.
Los defensores de esas políticas ponen de ejemplo lo que sucede con la moda. Si Kim Kardashian postea una foto de su asistencia a un evento, en el que se puso un vestido neón, se popularizan las prendas de esos colores. Al principio son muy caras y sólo las adquieren quienes pretenden mostrar su riqueza. Con el tiempo, se abaratan y se vuelven asequibles para todos.
Lo mismo sucedería con la economía de la oferta: en un primer momento parece injusta, pero gradualmente sus beneficios se van filtrando hasta llegar a los segmentos de menores ingresos.
Es este efecto-goteo (trickle-down) lo que más ponen en duda los que cuestionan el ofertismo. Para ellos no ha reducido la pobreza y sí ha aumentado la desigualdad.
Sin embargo, esos críticos no han sido capaces de presentar un paradigma alternativo. Añoran volver al keynesianismo (economía por el lado de la demanda) pero reconocen que las condiciones de hace 90 años son muy diferentes a las actuales.
Otro enfoque
El ofertismo trascendió más allá de las filas republicanas. Muchos legisladores y gobernadores demócratas son conservadores fiscales. Es decir, sus prioridades son restringir y racionalizar el gasto público; evitar y reducir el endeudamiento; abatir el déficit.
De hecho, entre los méritos que se atribuyen a Bill Clinton está haber mantenido equilibrado el presupuesto y haber borrado el déficit federal. En contraste, a Barack Obama le reprochan que en su reforma de salud (Obamacare) hizo demasiadas concesiones a los proveedores privados.
Por todo lo anterior, resulta novedoso que Joe Biden esté tratando de presentar una narrativa diferente, que lo mismo llama Green new-deal que “economía de la clase media” o “crecimiento compartido”.
Se fundamenta en cinco “imperativos”. El primero es poner más dinero en el bolsillo de las personas para que tengan mayor participación en la economía, como ahorradores, inversionistas o consumidores.
Para ello, supone que el impulso que está dando a las tecnologías digitales y a las energías limpias abaratará productos y servicios.
Con el mismo propósito, se está obligando a los contratistas del gobierno a pagar salarios más altos y a utilizar materiales de compañías americanas.
Se prohibió a las empresas clasificar a sus empleados como contratistas externos o como personal de confianza para pagarle menos. Una recepcionista tenía un gafete de “Gerente de primeras impresiones”, pero ganaba lo mismo que el que el que limpiaba la oficina.
Adicionalmente, se regularon las comisiones bancarias y los créditos estudiantiles; se multiplicaron las ayudas para comprar seguro de salud, medicamentos, alimentos en la escuela, banda ancha; se permite ahora comprar aparatos auditivos sin prescripción médica.
El segundo imperativo es aumentar las capacidades de la economía mediante una política industrial que incremente la inversión en desarrollo humano, infraestructura, energías limpias, ciencia y tecnología.
El tercero es enfocar la actividad económica a la solución de problemas sociales.
El cuarto consiste en maximizar la competencia. Se logró evitar la fusión de dos grandes editoras y de dos de las principales compañías aeroespaciales. Impedir la concentración ha permitido reducir el precio de la carne y la cerveza.
El quinto se dirige a desincentivar la elusión y la evasión fiscal. Se estableció un impuesto a la recompra de acciones y una tasa mínima de 15% a las ganancias corporativas. Se incrementa el número de auditores en el servicio de administración tributaria.
Aunque muchos de los anteriores conceptos no son originales y la administración Biden los sobrevende y peca de optimismo, hay que reconocer su intento de renovar y dar coherencia a la política económica.