En la Inglaterra de los siglos 12 y 13, los monarcas utilizaban la ley para su conveniencia política. A los disidentes les hacían confesar, mediante torturas, delitos inventados. Arbitrariamente los despojaban de sus propiedades, los encarcelaban y, de ser necesario, los decapitaban.
Tanto abuso llevó a los barones a rebelarse. En 1215 el rey Juan tuvo que aceptar la Carta Magna. Ahí se estableció que todos, incluido el rey, deben estar sujetos a la ley. Y la ley tenía que garantizar que nadie pudiera ser privado de sus libertades sin seguir un proceso estrictamente regulado.
Ocho siglos después, la justicia no ha dejado de estar al servicio de los poderosos y el debido proceso es de aplicación intermitente.
En sus películas y series de televisión, Hollywood nos ha presentado a los jueces estadounidenses como modelo de integridad e imparcialidad. Lamentablemente es una versión demasiado endulzada de la realidad.
En particular, la politización de los jueces es un fenómeno que se agrava. Tiene que ver con la forma en que son designados.
Los mil 700 jueces federales, incluidos los de la Suprema Corte, son nominados por el presidente y confirmados por el Congreso. Es una fórmula atinada porque además del doble escrutinio se evita que el Ejecutivo ponga a incondicionales.
El problema es que, en periodos de alta polarización, como los actuales, la comparecencia de los nominados en el Capitolio se vuelve un espectáculo de linchamiento político. Acaban nombrando a jueces exageradamente liberales o extremadamente conservadores. En consecuencia, su desempeño se vuelve polémico, con mucha presión para que pierdan la objetividad.
Los resultados de la sobrepolitización los estamos viendo en los diversos procesos que se le siguen a Donald Trump. Siendo sus faltas muy claras, es innecesario aderezarlas con otras acusaciones sin sustento o viabilidad. Al final, cualquier veredicto será controvertido. Procesos que serían demostrativos de que nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley, van a acabar con la sospecha de que se usa el derecho como arma política.
Jueces grillos
La situación es peor con los 30 mil jueces en los estados, condados y municipios. Cada estado tiene su propia Corte Suprema, cortes de apelación (civiles y criminales) y jueces ordinarios.
En cinco estados (como en California y Massachusetts) el gobernador nombra libremente a los jueces. Es raro que seleccionen por mérito y frecuente que usen esa facultad para pagar favores políticos. En dos estados (Carolina del Sur y Virginia) el Congreso local designa. Eso permite que legisladores veteranos se conviertan en jueces.
En 21 estados (como en Colorado y Florida) el gobernador elige de una lista que le presenta una comisión especial. En teoría así se asegura la selección de los mejores. En la práctica, muchas de esas comisiones están formadas por personajes cercanos al gobernador. En otros casos, las controla la barra de abogados estatal, que a su vez tiene mayoría de demandantes, por lo que nunca llegan litigantes defensores.
En 22 estados (como Wisconsin y Alabama), los jueces son producto de una elección popular. Se considera importante dar voz a los ciudadanos.
Sin embargo, obliga a los candidatos a comprometer su independencia para obtener contribuciones de campaña y apoyos políticos. Los grupos de interés consiguen tener jueces “consentidos”. Como además hay posibilidad de reelegirse, están permanentemente distraídos. Las opiniones judiciales de los jueces electos son de menor calidad que las que escriben los designados.
El ascenso en la estructura judicial también está politizado. Mientras que en algunos casos se sigue estrictamente el escalafón (seniority) y se ahuyenta a muchos letrados brillantes; en otros es el presidente de la Suprema Corte estatal el que decide las promociones, por lo que se forman herméticas camarillas.
La politización tiene efectos graves en las sentencias. Es conocido que, en muchos casos, la severidad o indulgencia de los jueces está determinada por sus afinidades políticas. Es muy evidente el racismo. Los negros son encarcelados más frecuentemente que los blancos y se les aplican penas más prolongadas.
Como además los jueces tienen amplia discrecionalidad para imponer multas o fianzas y los honorarios de los litigantes son elevadísimos, las cárceles están llenas de inocentes que no pudieron pagar un defensor o de personas pobres que cometieron delitos leves.
La politización deslegitima a los jueces. Por eso hay voces que quieren restar potestades a la Suprema Corte. Sería desastroso.