Repensar

Gerontocracia

Los electores también tienen la culpa. Sobrevaloran la madurez y la experiencia, comenta Alejandro Gil Recasens.

En 1982 la edad promedio de los 18 miembros del Politburó de la Unión Soviética era de 69 años. En ese año murió Leonid Brezhnev, a los 75 años. Ya llevaba 18 como presidente y aparecía muy poco en público porque un infarto cerebral lo había dejado con dificultades para hablar. Su sucesor, Yuri Andropov, murió, a los 69, en 1984. Le siguió Konstantin Chernenko, que falleció, a los 83, en 1985.

Entre la élite persistía la idea de que la generación que había luchado en la Segunda Guerra Mundial era “especial” y, por ello, debía seguir gobernando. Sin embargo, muchos de sus miembros se habían enriquecido exageradamente y se oponían a hacer cualquier cambio. La economía estaba estancada y la calidad de vida de la población no mejoraba.

Demasiado tarde ascendió al poder Mijaíl Gorvachov (a los 54 años) para intentar una apertura económica y política. La Unión Soviética colapsó.

Se ha observado que las gerontocracias son característica de los regímenes dictatoriales. Es el caso de varios países africanos y asiáticos y de las teocracias del Medio Oriente. También de naciones con problemas de gobernabilidad, como Italia, donde Silvio Berlusconi (86 años) sigue siendo factor de poder.

Por eso sorprende que en Estados Unidos personas de la tercera edad dominen las tres ramas del gobierno. La edad promedio de los jueces federales es de 68 años y su cargo es vitalicio. Hay jueces de distrito y de circuito que después de 40 años siguen funcionando bien. Pero hay otros que tienen serios problemas físicos y cognitivos. La mayoría de los estados ha puesto una edad máxima de 60 o 70 años para sus jueces.

Desde principio de los 90, la edad promedio de los congresistas ha ido en aumento. Hoy es de 58 años para los representantes y de 63 para los senadores. De los 535 miembros de la Casa de Representantes, la gran mayoría nació antes de 1980. Sólo 40 son menores de 40 años. La cuarta parte de los congresistas es mayor de 70, mientras que el promedio de edad de la población general es de 38.

De los seis últimos presidentes, tres fueron electos cuando tenían más de 65 años. El actual es el de mayor edad en la historia y, si se reeligiera, terminaría su gobierno a los 86 años. Sus colaboradores tratan infructuosamente de mostrar que sigue siendo capaz. El año pasado se cayó de la bicicleta y son inocultables sus lapsus línguae, su pérdida de memoria y sus momentos de desorientación.

Donald Trump, de 76 años y quien ya ha exhibido su desequilibrio mental, es hasta ahora su más probable rival en 2024.

VIEJO PROBLEMA

Hay cuatro razones por las que la clase política se ha vuelto más añosa. Ambos partidos han abusado de la redistritación que se hace cada 10 años, lo que ha creado circunscripciones homogéneas: si eres demócrata y vives en un distrito republicano, estás perdido (y al revés).

A eso hay que añadir que los donantes a las campañas favorecen más a los que están en funciones y ya les han hecho favores. Por eso, los congresistas pueden reelegirse indefinidamente y sólo renuncian por enfermedad o por protagonizar un escándalo.

Dado el sistema de antigüedad, todas las comisiones son presididas por los legisladores de mayor edad “porque se lo han ganado”. Algunos se quedan décadas en el puesto. Debido a eso, los que recién llegan al Capitolio tienen que esperar demasiado para poder tener un papel decisivo. Muchos se cansan y abandonan.

Los electores también tienen la culpa. Sobrevaloran la madurez y la experiencia. En dos siglos y medio sólo han electo a tres presidentes menores de 50 años (Theodore Roosevelt, John Kennedy y Bill Clinton).

La edad mínima para ser representante (25) o senador (30) es relativamente baja, pero ellos no confían en los que no tienen nietos y una carrera establecida. Tampoco tienen disposición para considerar nuevas opciones. Reeligen a los que ya conocen a pesar de que no cumplen sus promesas.

La gente ha ido aceptando que es necesario poner una edad máxima (65) y un límite al número de periodos: dos de seis años para los senadores y seis de dos años para los diputados. El problema es que para modificar la Constitución se requiere una mayoría calificada de los que saldrían perjudicados.

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