La entrada más cara a la última presentación de Los Beatles en la Unión Americana (29 de agosto de 1966) costó 6 dólares con 50 centavos. Cuando Ticketmaster empezó a operar (1982), los conciertos de rock se habían encarecido mucho por la inflación. Aun así, ninguno pasaba de 12 dólares y se cargaban 50 centavos por el servicio.
Desde el principio, la firma incurrió en prácticas monopólicas. Obligó a los organizadores de conciertos de cada ciudad a otorgarle exclusividad y luego hizo lo mismo con los promotores artísticos y con los lugares donde se realizan los eventos.
Poco a poco fue adquiriendo a sus competidores, hasta que absorbió a Ticketron (1991), que hasta entonces había liderado el sector y que había protestado inútilmente por su desleal actuación. A los pequeños rivales que quedaron los obligó a entrar en arreglos para fijar precios. A los nuevos, como MovieFone, de plano los saboteó.
En poco más de una década, ya controlaba 90 por ciento de las grandes arenas y 63% de los asientos en conciertos. Consecuentemente, los boletos se fueron a las nubes y los artistas tuvieron que aceptar las condiciones abusivas que les imponían.
En 1994, la banda Pearl Jam, que llevaba cuatro años de éxitos, rechazó los términos de un nuevo contrato con la firma e intentó hacer una gira sin su tutela y con entradas muy accesibles.
El resultado fue desastroso. Concierto tras concierto fueron suspendidos porque supuestos grupos ciudadanos (que pagaron altísimos honorarios a abogados y comunicadores) advertían que los espacios (no acostumbrados) en que se pretendían realizar no cumplían las normas de protección civil. En los pocos que pudieron ofrecer siempre pasó algo raro: se cerró una carretera, se cortó la electricidad o se armó una pelea.
Pearl Jam suspendió la gira y se quejó ante el Departamento de Justicia, que para entonces ya tenía acumuladas un montón de denuncias contra Ticketmaster y que, sin embargo, le había impuesto castigos muy leves, como regalar boletos a instituciones de caridad.
Ante el escándalo, el Congreso abrió audiencias y Bill Clinton recibió al grupo en la Casa Blanca. Salieron a la luz múltiples abusos. Meses después, inesperadamente y sin dar mayor explicación, Janet Reno cerró la investigación. En la prensa se comentó que el poderoso senador Phil Gramm había presionado a la procuradora con no aprobarle el presupuesto.
Quedó claro que la compañía, que es espléndida en sus donativos de campaña, tiene aliados entre los legisladores de ambos partidos.
CADA VEZ PEOR
Dado que la empresa siguió comprando radiodifusoras (tiene mil 200), disqueras y agencias de talento, es prácticamente imposible que entren al negocio nuevos jugadores. Además, con la llegada de las aplicaciones de música colapsó la venta de álbumes y ahora 95% del ingreso de los artistas depende de las giras y, por lo tanto, de Ticketmaster.
Si un cantante intenta contratarse por otro lado, le bloquean cualquier oportunidad de trabajar. Entre otros, le han aplicado esa “sinergia negativa” a Adele, a Britney Spears y las Dixie Chicks.
Encima, cabildearon fuerte y desde 2006 se autorizaron (“para evitar la falsificación de boletos”) las compañías de reventa. Varias de ellas son parte del corporativo, a pesar del evidente conflicto de interés.
Como lo denunciaron Aerosmith y Bruce Springsteen, el sistema redirige a los clientes a una de esas revendedoras, a pesar de que todavía hay boletos disponibles. En noviembre, los asientos de primera fila para los conciertos de Taylor Swift se estuvieron vendiendo, en reventa, hasta en 76 mil dólares.
Increíblemente, en 2010 se permitió su fusión con Live Nation, la principal promotora de entretenimiento en vivo. Se les puso como condición que no ejercieran represalias contra instalaciones que no usan sus servicios.
No sólo no cumplieron, sino que ingresaron ilegalmente al sistema de cómputo de un competidor (CrowdSurge) y le robaron la información.
Hace poco, la oficina de Competencia de Canadá los multó porque hacen cobros adicionales de hasta 65%. También han sido sancionados por condicionar la venta de boletos a la compra de mercancía o a la afiliación a su programa de recompensas.
Nuevamente, grupos de consumidores han iniciado acciones colectivas y la compañía está bajo investigación por el Senado, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio y los procuradores de varios estados. A ver si logran meterlos al orden.