Cuando los puritanos fundaron la Universidad Harvard no costaba nada estudiar ahí. En 1840 la colegiatura anual era de 75 dólares y en 1930 ya iba en 400 dólares. Desde entonces no ha dejado de subir. Alcanzó los 10 mil dólares en 1986, los 20 mil en 1997, los 30 mil en 2007, los 40 mil en 2015 y los 50 mil en 2020. A eso hay que sumar el gasto de hospedaje, alimentación y libros (entre 20 y 25 mil dólares por periodo). De las universidades de prestigio (Ivy League), Harvard es de las más económicas. La anualidad en Yale o Columbia puede ascender a 60 mil dólares.
En realidad, son pocos los que cubren su colegiatura completa. Dos terceras partes de los estudiantes en esas instituciones reciben algún tipo de ayuda financiera. En promedio, acaban desembolsando entre 20 y 30 mil dólares por año.
Desde 1965 existe un programa federal para dar oportunidad de ir a la universidad a quienes no pueden enfrentar esos costos. Financieras privadas concedían préstamos a tasas bajas y en condiciones muy favorables. Si el acreditado servía en los Cuerpos de Paz podía diferir los abonos del principal por tres años, y si su familia tenía percepciones muy bajas, el gobierno absorbía parte de los intereses.
Con el tiempo, el mercado laboral se fue estrechando. Los egresados tienen dificultad para obtener emolumentos que les permitan estar al día con sus obligaciones. Toda una generación arrastra débitos que le impiden comprar una casa, iniciar un negocio o ahorrar para su retiro.
En la medida en que la morosidad crecía, se fueron dando más facilidades de pago e incluso se cancelaban las cuentas de los que se alistaban en las Fuerzas Armadas. El incumplimiento se hizo tan grande que en 2010 el gobierno sustituyó a los privados y se le dieron amplios poderes al secretario de Educación para diferir o cancelar créditos.
A la fecha, 43 millones de americanos deben 1.6 billones de dólares. En promedio, cada uno tiene un pasivo de 37 mil dólares. Siete millones han caído en impago.
PROMESAS FALLIDAS
Presionado por el ala más radical de su partido, en la campaña electoral de hace dos años Joe Biden ofreció que se perdonarían hasta 50 mil dólares a quienes tienen problemas de liquidez. Posteriormente, redujo la cantidad a 10 mil dólares y limitó el apoyo a los que tengan entradas anuales menores a 150 mil dólares al año. Esa oferta fue percibida como un intento cínico de comprar el voto de los universitarios y de los profesionales.
El gobierno no puede hacerse cargo de una deuda que no es suya. La ley permite anular algunas, bajo ciertas condiciones, pero de ningún modo faculta para hacer una quita general. Además, sólo el Congreso tiene autoridad para asignar fondos públicos.
Los que se esforzaron y ahorraron, los que con grandes sacrificios han terminado de solventar sus créditos, no ven equitativo que otros gocen de un beneficio que ellos no tuvieron.
En la cultura americana, la educación universitaria se concibe como una inversión. En ese sentido, se piensa que si alguien escogió estudiar (por ejemplo) un doctorado en historia del arte, sabiendo que sólo encontraría un empleo modesto en la academia, no debió tomar el riesgo. Consideran que no se vale rescatar de su insensatez a los que perdieron su tiempo y su dinero en educarse “inútilmente” en áreas de baja empleabilidad.
Sólo un tercio de los adultos mayores de 25 años ha concluido una licenciatura. Los graduados universitarios están en el quintil más alto de ingresos. Liquidar sus compromisos con dinero público es una redistribución regresiva del ingreso. No parece justo utilizar para ello las contribuciones de los trabajadores de cuello azul. De por sí, aquéllos son favorecidos con los grandes subsidios que se entregan a las instituciones de educación superior.
En todo caso, el mismo derecho tendrían los que están ahorcados con sus hipotecas o sus tarjetas de crédito.
Una medida así elevaría el costo del dinero. Habría también un riesgo moral: incentivaría a los prestatarios a renegar de sus obligaciones si piensan que otros acabarán asumiéndolas.
El presidente Biden decretó cuatro prórrogas en el pago de las deudas universitarias durante la pandemia, beneficiando incluso a los que tenían empleo y solvencia. La última se vence el primero de septiembre, en plena campaña electoral. A ver qué hace.