El 4 de julio de 1776, las 13 colonias americanas declaran su independencia de la Gran Bretaña y se inicia la guerra revolucionaria. Inmediatamente el Congreso Continental nombró un comité para diseñar el futuro gobierno nacional.
La discusión giró en torno a cuatro asuntos. Por un lado, varias colonias reclamaban tierras en el occidente. Las que no lo hacían, proponían que esos territorios pertenecieran inicialmente al gobierno central, lo que finalmente se acordó cuando Virginia cedió a sus pretensiones. Por otra parte, las colonias pequeñas temían el dominio de las grandes. Por ello se decidió que en el Congreso de la Confederación cada estado tuviera un voto, independientemente de su tamaño o población. Además, para aprobar cualquier acto, se requería la anuencia de al menos nueve estados.
El tercer tema conflictivo eran los poderes que tendría el gobierno central. En general, lo concebían débil porque las colonias habían crecido con autonomía. Finalmente, los estados mantuvieron sus facultades para imponer contribuciones, regular el comercio y administrar la justicia. El gobierno central sólo podía: declarar la guerra y la paz; conducir la política exterior; acuñar y prestar dinero; requerir hombres y dinero a los estados; arreglar las disputas entre ellos; resolver los asuntos indígenas.
Por último, como no querían parecerse en nada a su madre patria, dispusieron que los representantes al Congreso de la Confederación sólo servirían por un periodo de tres años. Se evitaría así la creación de una élite. Todo eso quedó inscrito en los Artículos de la Confederación, que crean los Estados Unidos de América (1783).
Durante su corta vida el Congreso de la Confederación resolvió con éxito muchas cuestiones. Puso aranceles a las importaciones y reguló el comercio externo. Restituyó propiedades y administró los territorios del noroeste (el área entre las colonias y el río Mississippi). Organizó ejércitos para aplastar insurrecciones de las tribus indígenas, concertó tratados y nombró superintendentes para normalizar su relación con ellas.
Derrotados los británicos, se firman los tratados de París (1783), en los que, gracias a la habilidad diplomática de Benjamin Franklin, Gran Bretaña acepta la pérdida de sus colonias y permite su expansión más allá del Mississippi.
CONSTITUCIÓN
En principio, los estados estaban de acuerdo en continuar con los Artículos de la Confederación, aunque había problemas. Los agricultores de Massachusetts se rebelaban. Nueva York y Nueva Jersey sostenían una disputa por los aranceles de los productos que cruzaban las fronteras estatales. A todos les preocupaba el futuro de los territorios del noroeste, que rápidamente se llenaban de colonos.
Cuando 55 delegados de 12 estados se reunieron en Filadelfia, la idea era sólo mejorar los Artículos. Sin embargo, James Madison presentó un diseño de gobierno totalmente diferente, lo que llevó a la redacción de la Constitución (1787). En ella se reafirmaba la soberanía de los estados y se establecía un gobierno republicano: limitado, con separación de poderes, frenos y contrapesos; con revisión judicial.
Algunos estados no se sintieron satisfechos. El recuerdo de abusos de los británicos, antes y durante la Revolución, les hacía pensar que el gobierno federal se podía volver tiránico. Como condición para ratificar la Constitución, exigieron la inclusión de 10 “enmiendas” (Bill of Rights), que garantizaran las libertades individuales y los derechos civiles.
Las arcas públicas estaban vacías y las ciudades destrozadas, pero la nueva nación eligió con optimismo a George Washington como su primer presidente. No todos estaban de acuerdo con la nueva forma de gobierno, totalmente diferente a las del resto del mundo. Sin duda fue un experimento peligroso, pero salieron avante por el gran liderazgo de los primeros presidentes (John Adams, Thomas Jefferson, James Madison).
En los siguientes años la expansión hacia el oeste fue incontenible. Se crearon nuevos estados, compraron la Luisiana a Francia y España les cedió la Florida.
Para 1821, cuando inicia el segundo periodo de James Monroe, Estados Unidos ya había duplicado su tamaño y era vecino de otro país, también nuevo y muy grande. La Nueva España, recién independizada, incluía los actuales estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y California y se extendía hasta Centroamérica.
Estados Unidos había firmado el tratado Adams-Onís para fijar la frontera occidental con la América española y no tenía ambición territorial mayor porque su población era apenas de 3 millones. Entendía que la independencia de las naciones del sur debilitaba a las potencias europeas y no le representaba amenaza alguna.