De por sí, el proceso legislativo en Estados Unidos es complejo. Los novatos con ansia de protagonismo pronto quedan en ridículo; los experimentados tuercen las reglas, hasta donde se puede, para frenar o dejar pasar proyectos de ley. Todo ello bajo el intenso cabildeo de los intereses en juego, a los que se les permite financiar ilimitadamente campañas electorales.
Si a eso le añadimos que existe un empate en ambas cámaras y que la polarización es extrema, entenderemos: por qué el Congreso lleva dos décadas de parálisis; por qué los presidentes, frustrados por no poder sacar sus iniciativas, lanzan decretos que la Suprema Corte rechazará; por qué todos tienen tan decepcionada a la ciudadanía.
La situación en el Senado es crítica: para aprobar la mayoría de las leyes se requiere una mayoría del 60% y el reglamento facilita el bloqueo al no poner término al tiempo de deliberación.
Eso ha llevado a que congresistas de ambos partidos abusen del mecanismo de reconciliación presupuestal. Ese dispositivo permite que, en la discusión del presupuesto, ciertos comités cambien, por montos específicos, el gasto, los ingresos, el déficit o los topes de deuda. En teoría, esas modificaciones no deben tener “intenciones presupuestarias”, es decir, sólo deben impactar incidentalmente el presupuesto. Además, el debate está limitado a 20 horas y sólo se requiere mayoría simple.
En ese marco se entiende que la desesperación haya llevado a los demócratas a meter, en dos paquetes legislativos, propuestas de muy diferentes temas, hasta sumar 4.7 trillones de dólares (billones para nosotros). Como comparación, el PIB de México en 2020 fue de 1.1 trillones de dólares.
Con ellos intentan reactivar la economía y el empleo, mejorar la productividad y la competitividad, pero, fundamentalmente, quieren dar impulso al estado de bienestar y conseguir con ello un mayor apoyo electoral.
El primer paquete, por 1.2 trillones financia proyectos de infraestructura y energía. El otro, por 3.5 trillones, a gastarse en 10 años, incluye inversiones para reducir las emisiones de carbón y electrificar vehículos, pero tiene, sobre todo, orientación social: educación preescolar y vocacional, expansión del servicio médico, vivienda y migración. Pretenden pasarlos junto con el presupuesto del siguiente año fiscal.
DILEMAS
En el Senado ya se acordó el primer paquete, luego de que los republicanos rasuraron muchos programas que se habían etiquetado como “infraestructura humana”. Nancy Pelosi se comprometió por escrito con los moderados de su partido a votarlo antes del 27 de septiembre, pero los progresistas quieren que se voten juntos los dos paquetes, lo que se ve cada vez más difícil. Si la vocera de la Cámara baja cumple lo ofrecido a los moderados, perderá el apoyo de los otros. Si no lo hace, los 19 republicanos que aceptaron el trato podrían echarse para atrás.
El otro paquete está en serios problemas. Muchos demócratas, y todos los republicanos, se oponen a subir los impuestos para fondearlo. El déficit ya es muy alto y están subiendo los precios de la gasolina, el gas natural y otros productos.
La asesora legislativa (árbitro neutral que revisa el cumplimiento de las reglas) ya les dijo que no es aceptable que incluyan en el proceso de reconciliación la legalización de 11 millones de indocumentados, una de las principales ofertas del presidente.
Los demócratas moderados no aceptan que el Servicio Médico (Medicare) negocie directamente con las farmacéuticas el precio de los medicamentos, lo que hará imposible cumplir otra promesa de Biden: abaratar las medicinas.
Encima de todo, los senadores republicanos quieren obligar a los demócratas a poner el nuevo tope de deuda dentro del paquete, para hacer evidente su alto costo. Los otros, elevando la apuesta, quieren manejarlo aparte, dentro de un fondo para atender a los refugiados afganos y a los damnificados por los huracanes y los incendios forestales. Si no se ponen de acuerdo antes del primero de octubre, el gobierno tendrá que cerrar y las negociaciones se complicarán tremendamente.
El proyecto de ley todavía tiene que transitar por 17 comités antes de llegar al de presupuesto, para ser redactado y luego presentarse al pleno para su votación. Conforme pasan los días se vuelve más probable que tengan que dejar el segundo paquete para el año próximo, cuando tendría menos viabilidad, por coincidir con las elecciones intermedias. Sería un golpe devastador para la administración Biden. Las siguientes semanas serán críticas.