El jueves sucedió algo extraño en la Casa Blanca. Por un lado, la oficina del presidente difundió un documento llamado Estrategia Colaborativa de Manejo Migratorio y, casi al mismo tiempo, la oficina de la vicepresidenta dio a conocer otro, titulado Estrategia de Estados Unidos para Solucionar las Causas Profundas de la Migración en Centroamérica. Ambos fueron elaborados por el Consejo Nacional de Seguridad. Lo raro es que en el primero se expande el programa de visas y se marcan pautas para regularizar el flujo de solicitantes de refugio provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Al contrario, en el segundo se fijan criterios para frenar esa corriente demográfica.
Esa disonancia refleja la dificultad que tiene el actual gobierno para concertar una política migratoria no sólo con los republicanos, sino dentro de su mismo partido. Lo irónico es que, durante sus años en el Senado y en la vicepresidencia, Joe Biden estuvo de acuerdo con las deportaciones y la línea dura, mientras que Kamala Harris siempre se alineó con los progresistas, que favorecen la inmigración. Ambos tienen que mostrarse interesados en resolver el problema, pero saben que no lo conseguirán con un electorado dividido en mitades, un Congreso renuente a autorizar mayor gasto y con las elecciones intermedias cada vez más cercanas.
Lo que expuso el presidente es un conjunto de directrices administrativas que, como pasó a sus antecesores, van a ser cuestionadas en la legislatura y desafiadas en los tribunales. Lo que presentó la vicepresidenta no indica qué agencias serán responsables de los diferentes aspectos ni cuánto dinero se destinará a cada tarea. Es más bien un análisis académico, que va a ser criticado por la debilidad de sus diagnósticos y por el tufo injerencista de sus propuestas.
La receta de Kamala
La tesis que propone la vicepresidenta es que más allá de las causas conocidas de la emigración (estancamiento económico, pobreza, inseguridad, violencia), hay una causa más profunda, que es el mal gobierno. Según su argumento, la ineptitud, la corrupción y los abusos de los funcionarios provocan que la población pierda la confianza en el gobierno y, sin esperanza de mejorar en su tierra, intenten hacerlo en otro lugar. Nada dice de otros factores: sociales o culturales, económicos o geopolíticos.
En consecuencia, promete que el Tío Sam va a utilizar todos los medios a su alcance (desde la diplomacia pública y la ayuda condicionada hasta las sanciones) para obligar a los dirigentes de esos países a portarse bien y a hacer las reformas necesarias.
Los cambios que señala no son malos. Ciertamente, para aumentar el crecimiento hay que ofrecer certidumbre jurídica, desregular, hacer eficientes el cobro de impuestos y las aduanas. Desde luego que para abatir la pobreza hay que evitar la desnutrición y dar servicios de educación y salud, universales y de calidad. Se requiere incluir a los grupos marginados; construir resiliencia frente a los desastres y mitigar su impacto.
Indudablemente, para enfrentar la inseguridad y la violencia se debe avanzar en la gobernanza democrática, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Urge garantizar la independencia del sistema judicial y la desmilitarización y profesionalización de las policías; mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; erradicar la impunidad y la corrupción.
El problema es que, aunque en la Unión Americana se lograra consensar internamente esa estrategia (y asignar los recursos que implica), no se puede obligar a los gobiernos del Triángulo del Norte a hacer los cambios señalados. Por ejemplo, se sugiere integrar equipos mixtos de fiscales y expertos en criminalística para investigar casos de financiamiento ilegal de campañas electorales, de corrupción o de violaciones a los derechos humanos. Aun suponiendo que los gobiernos tuvieran la voluntad de intentarlo, es poco probable que detenten la fuerza política para hacerlos.
En todo caso, el avance seguirá siendo muy lento. A corto plazo, se podrá acelerar la respuesta ante la urgencia de atender a los enfermos de Covid, a los damnificados de los huracanes y a los afectados por la hambruna. Igualmente, hay capacidad de extender créditos y movilizar inversiones para reactivar la economía.
Todo indica que, en materia migratoria, seguirá el bamboleo. Es decir, el gobierno se va a estar moviendo de un lado al otro, en función de los vaivenes electorales, pero lo hará sobre un punto fijo, sin cambiar de sitio.