Repensar

Papa caliente

El candidato Joe Biden ofreció frenar la violencia causada por armas de fuego, a la que calificó de problema de salud pública, dice Alejandro Gil Recasens.

Desde que se hizo nación, se debate en Estados Unidos el alcance del derecho a poseer, portar y usar armas de fuego. Ya en la colonia, se aceptaba un concepto amplio de la defensa propia, en detrimento de nativos de dudosa peligrosidad. En la expansión hacia el “salvaje oeste” se volvió normal que los ciudadanos hicieran justicia por su propia mano, incluso organizando cacerías de fugitivos “vivos o muertos”. Si alguien eliminaba a un asaltante de caminos o a un robavacas, se le nombraba sheriff.

Cuando se quiso desarmar a los esclavos, muchos de los que no veían injusto tener a su entera disposición a otro ser humano, se escandalizaron de que les negaran la posibilidad de defenderse.

Las armas son parte de la cultura americana. Por eso el éxito de las series policíacas y las películas sobre “vengadores anónimos”. Y por eso, los jueces suelen ser benévolos con quien dispara a alguien desarmado, tan solo por suponerlo amenazante.

A pesar del gran número de adolescentes suicidas, los papás siguen regalando el primer rifle a sus hijos al graduarse de la secundaria. A la policía no le queda otro remedio que darles conferencias en las escuelas y poner campos de tiro para enseñarles su uso “correcto”.

Cada vez que hay una masacre resurge la demanda de controlar tanta arma. Los políticos prometen hacerse cargo, pero cuando pasa el furor, se olvidan del asunto. Saben que los votantes rechazan cualquier restricción y que el cabildeo de la industria es muy potente.

Nunca se ha podido implantar un registro eficiente. La ley Brady (1993) estableció la obligatoriedad de verificar los antecedentes de los compradores, pero no aplica en las ventas en ferias y exposiciones, por internet ni a las armas rentadas. Las oficinas de registro no están obligadas a avisar a las policías locales cuando a alguien se le niega la licencia o cuando se reportan pérdidas o robos.

Increíblemente, el medio millón de fugitivos con órdenes de arresto vigentes y millones más de sentenciados por hechos violentos, no tienen mayor barrera para hacerse de cualquier cantidad de armas. Ni siquiera es delito federal que alguien más las adquiera para quien no obtuvo la licencia.

En 1994 se prohibió la venta de armas de asalto y municiones de alta velocidad por 10 años, plazo que no se pudo extender.

LO MISMO DE SIEMPRE

El candidato Joe Biden ofreció frenar la violencia causada por armas de fuego, a la que calificó de problema de salud pública. La semana pasada anunció su plan para enfrentarlo. Como sus antecesores, le avienta la papa caliente al Congreso y a las legislaturas estatales, donde no hay forma de construir mayorías favorables.

Les pide una serie de medidas legislativas que, de aprobarse, en poco ayudarían y fácilmente podrían ser desafiadas en los tribunales. Por ejemplo, la llamada “ley de novios” restringiría la compra de armas a quienes han sido condenados por violencia intrafamiliar o acoso; la “ley bandera roja” permitiría que familiares solicitaran a las cortes la suspensión temporal de acceso a armas a quienes representan un peligro para sí mismos o para otros.

No propone que se prohíban las armas de asalto, pero sí que se restrinja su venta en línea o que dejen de comercializarse cargadores de alta capacidad, que incrementan su letalidad, o soportes estabilizadores que aumentan la precisión de las pistolas.

Llama a reglamentar las “armas fantasma”: kits para armar una pistola sin número de serie en media hora.

De hecho, lo único a lo que se compromete el presidente es a que el Departamento de Justicia haga un reporte anual sobre el tráfico de armas y a un programa de intervención, basado en evidencia, en las comunidades más violentas (que no sería otra cosa que capacitación para el trabajo).

Algunos pensaron que Biden se atrevería a impulsar un plan como el aplicado el año pasado en Nueva Zelanda, donde la primera ministra Jacinta Ardern, con apoyo del Parlamento, estableció un registro nacional y prohibió las armas semiautomáticas, los rifles de asalto y las escopetas. Los ciudadanos tuvieron que ir a las estaciones de policía a entregar las armas que compraron legalmente.

Biden no va a hacer más. Sabe que es una lucha perdida y no quiere que se descarrile la aprobación del paquete económico en el Capitolio.

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