Los padres fundadores de la nación americana sabían que el mecanismo de frenos y contrapesos entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial iba a ser problemático, máxime en un régimen federal. Pero entendían que la República era un modelo de gobierno muy superior al de las monarquías europeas, plagadas de reyes caprichosos y autoritarios, propensos a la corrupción y a llevar a sus países a conflictos bélicos.
Fueron muy cuidadosos al tratar de prever las diferentes complicaciones que se pudieran presentar, quizá confiando demasiado en que los participantes actuarían de buena fe, cuidando el interés de la nación o, al menos, su prestigio personal.
El sistema ha sobrevivido, con ajustes menores, más de dos siglos. Eso nos debe dar perspectiva para evaluar las posibilidades que tiene la administración de Joe Biden para sacar adelante su ambicioso programa.
En principio, parece no tenerla fácil con una sociedad polarizada, un Congreso en el que su partido tiene mayorías frágiles y una Suprema Corte predominantemente conservadora.
Entre sus seguidores, algunos piensan que para evitar una parálisis similar a la que se vivió en el gobierno de Obama, se le tiene que restar poder al Legislativo y al Judicial para emparejar el terreno de juego. No es algo nuevo: muchos presidentes lo han intentado infructuosamente.
Proponen, por ejemplo, darle al presidente el poder de veto parcial sobre las leyes que aprueba el Congreso. Es la facultad de omitir partes específicas de una ley, sin anular el resto. Casi cada vez que los presidentes (de ambos partidos) dan su Informe en el Capitolio sobre el Estado de la Unión, insisten en la necesidad de tenerla.
En 1996 Bill Clinton logró que se la aprobaran y la aplicó 82 veces, pero dos años después la Suprema Corte la invalidó por ser anticonstitucional. En 2006 se hizo otro intento y no se consiguió que el Senado lo pasara. La única forma de establecerlo es mediante una enmienda a la Constitución.
Es una atribución que, en diferentes modalidades, tienen 44 gobernadores y el alcalde de la ciudad de Washington. La utilizan sobre todo para cancelar partidas en el presupuesto: los legisladores le asignan fondos a proyectos en sus distritos y los gobernadores los eliminan alegando que es un gasto superfluo.
La mejor prueba de que se presta a abusos es lo que sucede en Wisconsin. El gobernador de ese estado goza de la prerrogativa de quitarle números, letras, palabras o frases al Presupuesto antes de promulgarlo. Así, a la cantidad de 25 mil dólares le puede borrar el 2 y dejarla en la quinta parte. Se le permite suprimir el “no” en la frase “no menos del 50%” y convertirla en lo contrario. O editar un texto de seis párrafos hasta acortarlo a uno.
Atacar al Judicial
Los radicales del Partido Demócrata quieren también aminorar la fuerza de una Suprema Corte que sienten adversa. Sugieren que se legisle para requerir supermayorías en ciertas decisiones, o acortar el periodo de los ministros (actualmente son vitalicios), o aumentar el número de miembros.
Esto último lo intentó Franklin Roosevelt y fracasó. Sin embargo, ese presidente pudo sacar adelante el New Deal gracias a que acabó acatando las sentencias judiciales y a que no se cansó de dialogar con la oposición, hasta encontrar puntos de convergencia.
El marco constitucional da oportunidad de invalidar sentencias judiciales simplemente clarificando la ley en cuestión. En 2007 la Suprema Corte desechó una demanda presentada por la trabajadora de una llantera de Alabama porque había prescrito el plazo para reclamar. Cuando entró a trabajar su salario era similar al de los hombres en puestos similares. Al jubilarse, 19 años después, descubrió que en cada revisión los hombres tuvieron más aumento que ella y que, en ese momento su sueldo mensual era menor que el del hombre peor pagado en su posición. Su caso no se repitió porque la ley se cambió, para establecer que la discriminación se produce cada vez que se le entrega un cheque de menor monto a una mujer.
Biden tiene más experiencia legislativa que la mayoría de sus antecesores; logró convertir en ley muchas de sus iniciativas sentándose a discutirlas con sus más acérrimos rivales. Kamala Harris fue procuradora de California y senadora. Entre ambos pueden lidiar con los otros poderes sin necesidad de vulnerarlos.