El autor es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores .
La vida pública debe nutrirse de información suficiente y transparente. De ser necesario recurrir a la rendición de cuentas ante interrogantes o dudas en la actuación de instituciones y servidores públicos.
Los ciudadanos no pueden entender recovecos legalistas para eludir dar explicaciones. Al contrario, la información en tiempo y forma es útil para confirmar el correcto uso del presupuesto público.
Con acuerdo del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, recientemente solicité la comparecencia de Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con motivo de un fallo que dio el órgano en contra de siete bancos extranjeros que manipularon bonos del gobierno de México.
Mediante escrito se solicitó copia del expediente IO-006-2016, que documenta el caso. Seguramente tendremos respuesta positiva, para conocer la violación a la norma y los argumentos que sirvieron para aplicar una sanción a los bancos en su conjunto de 35.7 millones de pesos, que parece mínima de acuerdo a lo que permite la ley, y a las multas que se han impuesto en el extranjero a las instituciones financieras que han procedido de la misma forma irregular.
Será también la oportunidad para conocer la coordinación de Cofece con integrantes del sistema financiero, como el Banco de México y su participación en la regulación de este tema.
En palabras de la propia comisionada presidenta, la actuación de los bancos y traders en este caso indican "la existencia de un cártel".
En tal punto, no seremos omisos al tema y conoceremos de primera mano la investigación de un expediente que tardó cuatro años en integrarse y resolverse, sobre hechos de mal manejo de fondos ocurridos entre 2010 y 2013.
La manipulación del precio de los bonos tuvo la intención de afectar a actores económicos específicos, entre ellos una Afore de la que aún no sabemos el nombre. El esquema irregular que se utilizó podría configurar saqueo fiscal y presupuestal, y en tal virtud sería oportuno que otras autoridades como la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública abrieran expedientes en su ámbito de competencia.
Es evidente la reticencia de los bancos a cumplir la sanción, como lo han hecho interponiendo recursos legales en el extranjero colocándose contra Cofece. Al mismo tiempo llama la atención que logran coincidencias en casos que sí les convienen, por ejemplo, la defensa de la inexistente vulneración del Banco de México en las reformas que ha realizado −conforme a sus atribuciones− el Senado de la República y que pasarán a la Cámara de Diputados.
La Contraloría Interna de la propia Cofece podría auditar el expediente y razonar sobre la aplicación de la norma en el fallo. La comisión es un órgano autónomo que debe proteger la competencia económica, así como prevenir, investigar, perseguir con eficacia y castigar severamente las prácticas contrarias a la ley.
Para aplicar las multas se deben considerar elementos que determinen la gravedad de la infracción, tomando en cuenta el daño causado, la intencionalidad, el tamaño del mercado afectado y la duración de la práctica, entre otros. En justicia y por ética es necesario que conozcamos con claridad lo que ocurrió, sin olvidar que autonomía no es estado de excepción en el régimen constitucional.