“En México ya no hay gordos, solo pobres”, me dijo un amigo en tono de broma ácida. Él, conociendo los efectos de la semaglutida, me contó cómo casi todo su círculo social había reducido tallas rápidamente sin confesar el uso del péptido.
Con un dato adicional: mientras los hombres que antes tenían sobrepeso se veían ahora más saludables, mujeres que ya estaban en una talla saludable habían adelgazado en extremo.
Durante décadas, el mercado ha fomentado nuestra aspiración de adelgazar, pero Ozempic y los medicamentos GLP-1 cambiaron las reglas: la delgadez ya no depende solamente de dieta, ejercicio, disciplina —que también requieren privilegios— o genética.
Ahora también puede comprarse a altos precios: en México, un mes de tratamiento cuesta entre 4 mil 500 y 6 mil 500 pesos. Así, la delgadez pasó de aspiración social a marcador de clase.
Y, como generalmente sucede, este fenómeno nos afecta más a nosotras. Durante años, los feminismos cuestionamos que, para ser aceptadas, las mujeres tuviéramos que hacernos pequeñas. De ahí que el body positivity, la diversidad de tallas y la lucha contra la gordofobia pusieran en duda la extrema delgadez como mandato estético.
Sin embargo, con el fenómeno Ozempic, los huesos regresan como ideal femenino. Y, curiosamente, reaparecen a la par de discursos conservadores que reivindican roles tradicionales de las mujeres. ¿Es casualidad que otra vez se espere de nosotras ocupar menos espacio, en nuestros cuerpos y fuera de ellos?
Paradójicamente, con esta revolución de sustancias que aumentan la saciedad, disminuyen el apetito y ayudan a regular la glucosa en la sangre, se mercantiliza también la respuesta a dos de nuestros grandes problemas de salud pública en México: obesidad y diabetes.
Esa es la tensión: ¿cómo criticar la mercantilización de la delgadez y, al mismo tiempo, defender el acceso a medicamentos que tratan una enfermedad?
Mientras las redes discuten quién adelgazó con Ozempic, los tribunales mexicanos están resolviendo otra cuestión: quién podrá vender semaglutida y cuándo.
En México, la patente que protegía la semaglutida de Novo Nordisk —farmacéutica que comercializa Ozempic, Wegovy y Rybelsus— venció en marzo de 2026. Sin embargo, la empresa obtuvo una sentencia que reconoce que hasta 2029 tendrá protección a los datos clínicos de su registro sanitario.
Si bien no se extendió la patente, el efecto puede parecerse: retrasar la entrada de competidores y, con ello, la competencia en precios.
Hace unos días, otro tribunal resolvió por mayoría de dos votos un litigio distinto: permitió a Novo Nordisk suspender temporalmente un registro de un medicamento de otra empresa con semaglutida.
El tercer voto, en contra, puso el acento en el interés social: retrasar nuevos registros puede también retrasar la llegada de medicamentos a precios más accesibles para quienes padecen obesidad, diabetes y prediabetes, los cuales son problemas graves de salud pública.
La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde debe protegerse la exclusividad farmacéutica cuando del otro lado están la salud pública, la competencia y el acceso a medicamentos?
Estos péptidos, con prescripción y seguimiento médico, pueden ser herramientas clínicas muy valiosas. La diferencia está entre utilizarlos para tratar una enfermedad y utilizarlos para tratar como enfermedad un cuerpo sano.
Una mujer sana no debería necesitar una inyección para caber en un vestido. Una persona con obesidad o diabetes tampoco debería quedarse sin un tratamiento eficaz porque no puede pagarlo.
Al Estado le corresponde hacer las dos cosas: regular con rigor para que estos medicamentos lleguen a quienes los necesitan y generar condiciones de competencia para que el precio no los convierta en privilegio.
Ahí está nuestro punto de encuentro: democratizar la salud para construir un país en el que la delgadez no sea símbolo de estatus, ni la enfermedad desventaja de pobreza.