“Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”. Con ese lema arrancó el debate general de la 81 Asamblea General de la ONU, con cerca de 130 líderes reunidos en Nueva York en medio de guerras, tensiones y crisis humanitarias.
Suena a confesión: una organización que se propone recuperar la confianza sabe que la ha perdido. Si cuestiono la vigencia de la ONU, no es por principios caducos, sino porque su arquitectura de poder permite que quienes la sostienen también la paralicen.
Recordemos que nació como respuesta a la Segunda Guerra Mundial y al fracaso de la Sociedad de las Naciones. El Holocausto fue su trasfondo moral, y de él surgieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra el Genocidio. Su promesa fue preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra.
Ochenta años después, no ha habido tercera guerra mundial, pero las guerras no han cesado, y muchas han sido libradas o protegidas por las mismas potencias que tienen el veto. La ONU ha funcionado como espacio de contención entre titanes, pero no les ha impedido hacer la guerra a los demás.
El problema puede ser de origen estructural. En la Asamblea General, cada país tiene un voto, sin importar su tamaño o su economía; pero en el Consejo de Seguridad —el órgano vinculante en materia de paz y seguridad— cinco vencedores de 1945 conservan el veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.
Y ese candado se ha hecho valer. En junio y septiembre de 2025, Estados Unidos vetó resoluciones que exigían un alto al fuego en Gaza. Rusia, a su vez, ha vetado las resoluciones sobre Ucrania desde 2022. Por ello, la iniciativa de México y Francia para limitar el uso del veto en casos de atrocidades masivas es hoy más relevante que nunca.
Presentada en 2015 por Peña Nieto, busca que los miembros permanentes no ejerzan el veto ante genocidio, crímenes de guerra a gran escala y de lesa humanidad. En la reunión ministerial de esta Asamblea, Reino Unido se convirtió en el segundo miembro permanente en sumarse. El compromiso es político y voluntario: no elimina jurídicamente el veto, pero lo exhibe.
Ahora bien, el veto no es el único candado. En enero, Trump firmó un memorando para abandonar 66 organizaciones internacionales, 31 del sistema de la ONU, y Estados Unidos llegó a concentrar más del 95 por ciento de los adeudos al presupuesto ordinario de la organización. Apenas la semana pasada pagó 725 millones de dólares, aunque todavía adeuda más de mil 300 millones.
Quien financia, decide. Y quien deja de financiar, también. Insisto: la ONU no es un gobierno mundial ni tiene coerción propia; depende de la voluntad de sus miembros. Su debilidad es, en buena medida, la de los Estados.
A ello se suma la sucesión: Guterres concluye su mandato en diciembre y Michelle Bachelet retiró su candidatura tras quedar en penúltimo lugar en las consultas del Consejo de Seguridad. Una paradoja: los perfiles más independientes son también los que más resistencia generan entre quienes finalmente deciden.
Y no podía faltar la mejor incoherencia: desde la propia tribuna de Naciones Unidas, Trump amenazó con “aniquilar” a la República Islámica y, aunque presumió una “muy buena relación” con México, volvió a señalarnos como epicentro de la violencia de los cárteles. Esto último, sin reconocer la corresponsabilidad estadounidense en el consumo de drogas y el tráfico de armas.
La contradicción es difícil de ignorar: exigir a los demás respeto al orden internacional mientras se reserva para sí la posibilidad de imponer sus propias reglas. Nuestro punto de encuentro es reconocer que la ONU sigue siendo el principal foro político universal; pero, para recuperar su vigencia y su autoridad, debe tomar distancia del veto y del dinero de unos cuantos. Porque recuperar la confianza exige algo más que convertirla en lema.