Nadie necesita estar “a favor del aborto” para defender el derecho a decidir. El aborto no exige entusiasmo ni aprobación moral colectiva: exige que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan decidir sobre sus cuerpos sin ser criminalizadas. Esto es lo que hay que defender con tenacidad: nuestra autonomía sexual y reproductiva.
Lamentablemente, estamos lejos de que sea una realidad, ya que, según ONU Mujeres, en el mundo apenas el 56.3 por ciento de las mujeres decide plenamente sobre su salud sexual y reproductiva.
Este septiembre hay que recordar, pero también advertir. Argentina, el país que convirtió la lucha por el aborto legal en una marea verde continental, es hoy escenario de una ofensiva contra esas conquistas.
Los pañuelos verdes son herederos de los pañuelos blancos con los que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hicieron de sus cuerpos un archivo y protesta contra los crímenes de la dictadura militar.
Décadas después, el feminismo argentino retomó ese lenguaje con otro color y otra demanda, pero con una intuición parecida: cuando el Estado niega derechos sobre nuestros cuerpos y vidas, ocupar el espacio público es también reclamar soberanía sobre ellos.
En 2018, las calles se tiñeron de verde y en 2020 el Congreso aprobó el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14. La victoria desbordó Argentina: el pañuelo verde llegó a México, Colombia y otros países.
Hoy, esa conquista enfrenta una reacción desde el propio gobierno argentino. Milei ha convertido al feminismo y al aborto en adversarios políticos. El 20 de agosto pasado culpó a los “pañuelitos verdes” de la caída de la natalidad argentina —sin mencionar que el descenso comenzó años antes de la legalización— y su gobierno se adhirió al “Consenso de Ginebra”, que niega la existencia de un derecho internacional al aborto.
El verdadero problema no es el discurso, es que un derecho puede desaparecer en la práctica antes de eliminarlo en la ley: desde finales de 2023, el gobierno argentino interrumpió la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto, y la distribución de anticonceptivos y pruebas de embarazo cayó 81 por ciento.
En 2025, se cuadruplicaron las denuncias recibidas por Amnistía Internacional sobre obstáculos para acceder al aborto.
México tampoco está exento de esa distancia entre reconocer y garantizar un derecho. Aunque los derechos sexuales y reproductivos han avanzado en tribunales y congresos, parte del acceso efectivo sigue dependiendo de litigios, organizaciones y colectivas.
Todavía falta garantizar que el aborto sea tratado plenamente como un servicio de salud, asegurar el acceso al misoprostol y evitar la criminalización de quienes asisten estos procesos, incluidas las parteras y acompañantes. Un derecho inaccesible por falta de medicamentos, información o servicios se convierte en una ilusión.
Ese es justamente el paso que reconoció la Suprema Corte en abril, al establecer que los tribunales pueden ordenar a las autoridades sanitarias implementar y difundir servicios de aborto voluntario en las entidades donde está despenalizado. Primero luchamos para que abortar dejara de ser delito; hoy luchamos para que ese derecho pueda ejercerse.
De eso habla la justicia reproductiva. De que decidir no es sólo poder interrumpir un embarazo, sino tener las condiciones para elegir libremente si queremos tener hijes o no, cuándo hacerlo y poder criarlos en condiciones dignas y seguras.
Porque nadie es proaborto. Somos proautonomía: defendemos que la maternidad sea una elección y no una imposición, y que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan decidir si quieren gestar, cuándo y en qué condiciones.
Ese debería ser nuestro punto de encuentro: defender el derecho al aborto no es querer que más personas aborten, sino impedir que el Estado imponga la continuación de un embarazo que no se desea.
Eso simboliza el pañuelo verde: que nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida nos pertenecen.