Hoy, 3 de septiembre, empresarios y autoridades de la industria energética se reúnen en el “5° Vaca Muerta Shale Day Houston”.
Ahí se discutirán los avances de uno de los mayores depósitos de petróleo y gas no convencionales del mundo —la cuenca de Neuquén, Argentina—, que ayudó a que el país pasara de importador neto a exportador neto de energía.
En 2025, Argentina alcanzó un superávit energético cercano a 7,800 millones de dólares: au mentó su producción doméstica mediante fracking y perforación horizontal, sustituyó importaciones que antes drenaban divisas y comenzó a exportar los excedentes.
El fracking fractura formaciones rocosas mediante la inyección a alta presión de agua, arena y aditivos químicos para liberar gas o petróleo.
Durante años fue casi una palabra prohibida por su controversia ambiental: consumo de agua, riesgo de contaminación por derrames o fallas en pozos, emisiones de metano y sismicidad inducida, sobre todo por la disposición de aguas residuales.
No obstante, el debate regresa porque abre la puerta a una aspiración legítima de la región: la soberanía energética.
En Colombia, el gobierno saliente de Gustavo Petro impulsó prohibir el fracking.
Sin embargo, de la Espriella llegó a la presidencia y reabrió esta discusión para los yacimientos no convencionales y la seguridad energética.
En México, la administración de López Obrador rechazó el fracking de tajo. Paradójicamente, en esos mismos años creció nuestra dependencia del gas natural estadounidense, buena parte del cual proviene de yacimientos explotados mediante fracking.
Esto es, México no eliminó el fracking de su ecuación energética, sino trasladó sus impactos y producción al otro lado de la frontera.
Con Sheinbaum se observa una apertura gradual y acotada: su gobierno no ha anunciado una aceptación general del fracking, sino que ha comenzado por estudiar científicamente su viabilidad bajo condiciones ambientales estrictas y en regiones específicas.
El 6 de agosto, el comité científico convocado por su gobierno presentó las primeras conclusiones sobre los yacimientos de gas no convencional.
Los datos son incómodos: México importa de Estados Unidos 75 por ciento del gas natural que consume y 70 por ciento de nuestra electricidad se genera con gas. Por ello, Sheinbaum colocó la discusión en términos de soberanía energética y determinó que no podemos seguir con esa dependencia.
Los riesgos ambientales son reales: uso de agua que se puede contaminar si hay mala gestión de pozos y residuos, liberación de metano y asociación con sismicidad inducida.
Por eso es relevante que el propio comité recomendara descartar Tampico-Misantla por razones sociales y ambientales, prohibir el uso de agua dulce y comprobar primero la existencia de agua salada profunda, además de exigir estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental.
No obstante, construir una economía cuya electricidad y actividad industrial dependan de decisiones extrafronterizas también conlleva un alto riesgo: una crisis climática, comercial o política en el otro país frenaría al propio.
Esto no significa abandonar la transición energética. Al contrario: el mismo gobierno plantea elevar la generación renovable hacia 2030, aprovechar el gas que hoy se quema y aumentar primero la producción convencional.
El fracking —si supera las evaluaciones pendientes— tendría que ser una herramienta de transición, no el destino de la política energética.
Quizá el error está en pensar que debemos escoger entre hidrocarburos o renovables, desarrollo o medio ambiente, soberanía o transición.
La política pública rara vez permite respuestas tan simples.
Nuestro punto de encuentro está justamente ahí: acelerar todo lo posible las energías limpias, pero reconocer que sus tiempos todavía no coinciden con las necesidades presentes del sistema. La transición energética debe llevarnos hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles, no hacia una nueva dependencia del exterior mientras llegamos a ella.