Los principales pronósticos macroeconómicos de México se han revisado al alza. La semana pasada el FMI apuntaba que la actividad económica en 2022 aumentaría 4.2 por ciento. El consenso de analistas estima que el siguiente año la economía crecerá 2.9 por ciento, la inflación se desacelerará hasta 3.7 por ciento y la tasa objetivo se colocará en 5.50 por ciento. Aún es muy temprano para pronosticar con mayor certidumbre lo que pasará el siguiente año, luego que 2021 ha sido un año atípico y de fuerte rebote, después de que en 2020 se observó la contracción más profunda en la economía desde 1932.
Sin embargo conviene mencionar que 2022 estará sujeto a diversos riesgos como el Presupuesto, la política de ingresos, la trayectoria de inflación en Estados Unidos y en México, la gestión del nuevo secretario de Hacienda, la nueva composición de la Junta de Gobierno de Banxico y el desarrollo de la emergencia sanitaria.
Comenzando con el tema de la inflación, es posible que los choques en las cadenas de suministro tengan un efecto más persistente y no se resuelvan tan rápido como se está esperando, y consecuentemente contaminen las expectativas de inflación. Ello irremediablemente modificaría la trayectoria de la inflación a nivel mundial. En Estados Unidos el aumento en la demanda agregada, fortalecido por la probable ejecución de un programa de infraestructura sumado a la menor capacidad ociosa, podría acelerar la inflación más allá de 2021. Una inflación que no cede tendría un impacto en los mercados financieros y observaríamos movimientos importantes en las tasas de largo plazo del bono americano. Ello impactaría negativamente al tipo de cambio y pondría presión adicional a Banxico. Además, hay que considerar la probable reducción en la inyección de liquidez en el mercado por el comienzo en el retiro del programa de compra de activos del Fed. Una inflación que no cede en Estados Unidos se transmitiría irremediablemente a México.
Ante una inflación que se mantiene elevada, los riesgos de conducción en la política monetaria no son menores. Dada la conformación de la Junta de Gobierno del organismo en 2022, existe el riesgo de que se incline a pausar antes de continuar modificando al alza las tasas objetivo. Estos retrasos complicarían el manejo de la política monetaria por lo que no es descartable que el control de la inflación se pueda dificultar; e inclusive podríamos ver que las expectativas de inflación en el largo plazo comiencen a desanclarse y ver efectos de segundo orden en la formación de precios.
En cuestión de finanzas públicas, una mayor inflación aparejada con un aumento en el costo del dinero implica una menor disponibilidad de recursos para el gasto público. Por otro lado, cabe esperar menores ingresos públicos en términos reales. El crecimiento económico para el siguiente año será menor y ya no habrá de dónde echar mano para aumentar los ingresos del gobierno. El gobierno gasta 24 por ciento del PIB y recauda 22 por ciento. Sin embargo, las necesidades de gasto irán en aumento. Seguirá incrementándose inevitablemente el gasto en pensiones. Además, el gobierno se ha comprometido a hacer frente a la deuda de Pemex y existe una necesidad imperiosa de aumentar el gasto en infraestructura.
Pemex es uno de los factores torales de riesgo en las finanzas públicas. Moody´s rebajó aún más la calificación crediticia argumentando la imposibilidad de pagar sus vencimientos en el futuro. Al 2T21 la petrolera debía 115 mil millones de dólares, y sus vencimientos de corto plazo ascienden a 25 mil millones de dólares.
La delicada situación que se dibuja anteriormente, pondría en un dilema al gobierno, donde tendría que dilucidar aumentar los impuestos o el nivel de endeudamiento del país, y ello también podría poner en juego la calificación del soberano, alejando aún más los capitales.
A esta tormenta se le podría sumar una complicación de la emergencia sanitaria, ya que en las últimas semanas el número de casos diarios va en aumento y por lo tanto pudiera modificar la trayectoria de recuperación.