Los lunes, o cualquier tarde entre semana, llegaba de la escuela con una sola misión: sentarme frente al televisor. Era la época en la que el tiempo se medía por caricaturas y no por reuniones. Gokú estaba a punto de derrotar a Freezer, los Caballeros del Zodiaco recorrían las 12 casas y uno esperaba con ansia el siguiente capítulo.
Entonces aparecía una pantalla:
“Con motivo del Informe Presidencial...” Y ahí terminaba todo.
Los informes eran, una larga pausa obligatoria, con los años entendí que el problema nunca fue el informe. El problema era creer que informar consistía únicamente en hablar.
Hoy los informes ya no son sólo un acto protocolario. Son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. La semana pasada la Jefa de Gobierno en CDMX Clara Brugada entregó su Segundo Informe de Gobierno; con avances que vale la pena reconocer. El incremento de 31% en la inversión pública respecto de 2025 y de 55% frente a 2024 representa una apuesta importante por fortalecer la infraestructura, la movilidad y los servicios urbanos, condiciones indispensables para que una ciudad sea más competitiva; bien por ello Clara.
También es justo reconocer el trabajo de Juan Pablo de Botton, al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas; de Manola Zabalza en la Secretaría de Desarrollo Económico de César Cravioto titular de la Secretaría de Gobierno; de Inés González Nicolás, en la Secretaría de Trabajo; de Julia Álvarez de Icaza al frente de Medioambiente y de Pablo Vázquez Camacho, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las decisiones que se toman desde estas dependencias inciden directamente en la confianza para invertir, generar empleo y desarrollar proyectos productivos en la capital.
Sin embargo, los informes también existen para formular las preguntas que todavía no tienen respuesta:
Hay una paradoja que no podemos pasar por alto. Si los indicadores macroeconómicos muestran estabilidad; si aumenta la inversión pública; si el propio informe registra un crecimiento de 6.1% en el empleo formal entre junio de 2025 y junio de 2026, esos avances deberían reflejarse con mayor fuerza en la economía cotidiana: más empleos permanentes, más patrones registrados ante el IMSS y más empresas naciendo y creciendo.
La prosperidad no puede quedarse en una presentación; debe sentirse cuando una familia encuentra estabilidad, cuando un emprendedor abre un negocio o cuando una empresa decide contratar a un trabajador más.
Hay otro tema que merece formar parte de esta conversación. El cumplimiento de la ley es indispensable y nadie puede estar por encima de ella. Pero de ninguna manera debe permitirse que el cierre arbitrario de negocios se convierta en una política pública. El trabajo del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), es necesario para garantizar el orden y la legalidad; sin embargo, la clausura debe ser siempre el último recurso, nunca el primero. Antes deben privilegiarse la prevención, el acompañamiento, la certeza jurídica y un diálogo permanente entre la autoridad y quienes todos los días arriesgan su patrimonio para generar empleo.
La misma lógica aplica para la informalidad, concepto que no debemos de confundir con la ilegalidad, a este ultimo se le persigue y se le castiga sin excepción, pero a la informalidad se le acompaña, capacita y profesionaliza, es necesario que miles de negocios encuentren ventajas reales en incorporarse a la formalidad. Simplificar trámites, generar incentivos, y mantener un dialogo bilateral empresas y gobierno es fundamental.
Porque, al final, después de los aplausos comienza el verdadero trabajo.