Seis meses después de que el secretario de Energía, Chris Wright, prometiera que la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela daría lugar a un “aumento espectacular” de la producción de petróleo, gas natural y electricidad, tal revolución energética no despega.
Es cierto que los envíos de crudo venezolano a EU se han disparado desde que la administración Trump convirtió a este país sudamericano en un protectorado. Pero la producción se ha estancado en torno a 1.1 millones de barriles diarios durante tres meses consecutivos, según fuentes secundarias de la OPEP, tras subir desde unos 920 mil barriles a principios de año.
Las especulaciones iniciales sobre alcanzar rápidamente entre 1.2 y 1.5 millones de barriles diarios se desvanecen, a medida que las nuevas inversiones no llegan a materializarse. La industria petrolera venezolana necesita capital, normas claras y tiempo, tres ingredientes que no puede conseguir ni siquiera con Washington llevando la batuta.
Y eso es precisamente lo que genera tanta intriga alrededor de la salida forzosa del antiguo compañero de golf de Trump, Harry Sargeant III, de la segunda mayor productora privada de petróleo de Venezuela. Su partida sugiere que se está produciendo un cambio entre los responsables estadounidenses hacia un enfoque más integrado del problema venezolano.
A principios de este mes, Sargeant acordó vender Bluewave Properties, su sociedad offshore para una participación minoritaria en North American Blue Energy Partners, al empresario venezolano Alejandro Betancourt, accionista mayoritario de la empresa, por 300 millones de dólares, según informaron mis colegas de Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el acuerdo. Sargeant había estado bajo presión de la administración Trump para que se desprendiera de sus participaciones, y el Departamento del Tesoro ya había congelado algunos de sus activos.
¿Por qué un magnate que sirvió como canal habitual de comunicación extraoficial entre Washington y Caracas durante los años más oscuros de la dictadura de Nicolás Maduro se marcharía justo cuando la industria petrolera venezolana está, supuestamente, a punto de despegar?
Las teorías abundan: Una apunta a la mala relación con el secretario de Estado, Marco Rubio, el autoproclamado virrey de Venezuela; otra destaca la línea directa de Betancourt con la Casa Blanca, que hacía prescindible a Sargeant; o, simplemente, que era demasiado cercano a Maduro para sobrevivir a la transición una vez que Donald Trump decidiera expulsar del poder al autócrata bigotudo de Caracas.
No pretendo saber exactamente qué ocurrió. Pero personas que siguieron el acuerdo me contaron que Sargeant intentó vender primero su participación a grandes empresas internacionales y no encontró compradores. Betancourt, uno de los “bolichicos” originales que amasó su fortuna con contratos chavistas, fue al parecer el único comprador dispuesto a dar un paso al frente.
A primera vista, eso resulta desalentador. Si conexiones opacas como las de Betancourt son la única vía de acceso al sector petrolero venezolano, no hay mucho margen para una competencia más o menos justa, y mucho menos para la inversión a largo plazo que el país necesita desesperadamente.
Pero hay otra interpretación: La salida de Sargeant podría formar parte de la “limpieza interna” de Washington al entrar en una fase más profunda de su proyecto de reconstrucción nacional en Venezuela. Las señales ya están ahí. Desde el terremoto del 24 de junio, que se cobró miles de vidas en el noroeste y el centro del país, Rubio y compañía han asumido un papel más activo en los asuntos cotidianos del país, con libertad de maniobra otorgada por Trump para dar forma a la política y ejercer una fuerte influencia sobre Caracas.
La primera ronda de conversaciones mediadas por Washington entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y parte de la oposición concluyó la semana pasada con un compromiso conjunto para renovar los tribunales superiores y recuperar las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra con el fin de financiar la ayuda tras el terremoto.
Las negociaciones deberían dar resultados, incluso en el paso clave de reformar el Consejo Nacional Electoral, antes de diciembre. Esto resulta alentador y supone el primer intento concreto de transición política en la nueva era de sumisión del chavismo a Washington. Se produce al tiempo que Rodríguez ha reorganizado discretamente las fuerzas armadas y ha dado un giro drástico a la política exterior de Venezuela, alejándola de la ideología y orientándola hacia la alineación con los aliados de EU, incluido Israel. El régimen además anunció el viernes la liberación de más de 130 presos políticos.
La dirección parece acertada, incluso reconociendo que el chavismo ha dominado el arte de ganar tiempo con conversaciones que nunca llegaron muy lejos. Queda por ver si esta vez los esfuerzos son lo suficientemente sólidos como para celebrar elecciones generales el año que viene, un objetivo que Venezuela no puede seguir posponiendo. Pero las conversaciones reconocen, al menos de forma implícita, que el plan de Rubio para el país, dividido en tres fases —estabilización, recuperación y transición política—, debe desarrollarse en vías paralelas, no de forma secuencial.
El sector petrolero y la falta de compradores internacionales para los activos de Sargeant lo demuestran: la transición política no puede esperar a la recuperación económica. Pese a que el gobierno busca desesperadamente inversión extranjera y a los alardes de Trump sobre el control del petróleo venezolano, las empresas —incluidas las estadounidenses— siguen mostrándose reacias a invertir dinero en un destino que aún carece de un marco institucional y jurídico sólido. La economía venezolana solo despegará después de la transición política, y no al revés.
La política interna de ambos bandos está haciendo aún más apremiante ese cálculo. Con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina, Rubio enfrenta una presión cada vez mayor para mostrar avances y trazar una hoja de ruta creíble, además de ofrecer mayor transparencia sobre la gestión de los recursos venezolanos. La resolución bipartidista en apoyo de unas elecciones libres y justas, presentada a principios de este mes, demuestra que el Congreso está muy atento. Mientras tanto, Rodríguez tiene sus propios problemas: su índice de aprobación no deja de caer. Casi dos tercios de los venezolanos la desaprueban ahora, después de que la deficiente respuesta del gobierno al terremoto dejara al descubierto la ya conocida ineptitud del chavismo. También enfrenta voces disidentes dentro del propio chavismo.
Todo ello no hace sino reforzar la necesidad de encontrar una salida política antes de que la lucha por la sucesión de Trump empiece a cobrar impulso. Una transición de esta magnitud es poco probable sin una participación sostenida de EU. Pero esa participación tiene un costo: obliga a Washington a cumplir realmente con lo prometido.
Ahí radica la contradicción de jugar a ser un imperio en el siglo XXI. Trump puede bromear con que Venezuela se convierta en el estado número 51, el Departamento de Estado puede reclamar todo el hemisferio occidental como su patio trasero y los cínicos pueden señalar los motivos materialistas que impulsan la destitución de Maduro. Pero la responsabilidad conlleva obligaciones. Una vez que una gran potencia se hace cargo de los problemas de otro país, hereda su futuro. Y el futuro de Venezuela le costará a Washington mucho más tiempo y capital político que la simple salida de un personaje problemático del sector petrolero.
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