Antonio Cuellar

El juego de las iniciativas

La consecuencia de revertir la reforma energética es mayor. El presidente sabe que no le alcanzan los números para lograr la reforma constitucional.

En su artículo 89, la constitución le concede al presidente de la república las facultades necesarias para celebrar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del senado, y para dirigir la política exterior. Es en esa virtud que el propio titular del poder ejecutivo federal se erige como Jefe de Estado, con las responsabilidades que la representación del país lleva implícitas a su cargo.

Fue en esa capacidad, ya como presidente electo, que Andrés Manuel López Obrador designó a un negociador encargado de revisar los términos en que la modificación al TLCAN se venía ya concretando desde el sexenio pasado; y después, como presidente constitucional, que se encargó de firmar y someter a ratificación del senado al T-MEC, sustituto del anterior, en el que, entre otras cosas, México asumió para con los demás estados parte diversos compromisos en materia energética, que en los términos del marco constitucional precedente no había quedado incluido en el tratado sustituido.

Es por ambas circunstancias mencionadas que podemos advertir las razones por las que el presidente no puede ser ajeno a los privilegios que el tratado implicó para el sector privado, por un lado, como tampoco a las consecuencias económicas y jurídico internacionales que su incumplimiento podría traer aparejado para México, por la otra. A la luz del derecho internacional, el incumplimiento de un tratado conduce a la necesaria reparación de los daños ocasionados.

En esta tesitura surgen serias dudas sobre la razón de ser y el deseo implícito que el presidente ha demostrado al enviar iniciativas de reforma a las leyes en materia eléctrica y de hidrocarburos, que contradicen abiertamente a la Constitución y van también en contra de los compromisos aceptados por el gobierno mexicano en el T-MEC. ¿Qué tan cierto es que el presidente persigue reformar las leyes bajo las cuales se rigen ambas industrias? Recordemos cómo, tan pronto como la minuta con la aprobación a la iniciativa preferente con reformas a la Ley de lndustria Eléctrica llegó a la Cámara alta, el propio senador Ricardo Monreal propuso modificar sus términos para evitar responsabilidades económicas que podrían derivar de su texto. Extrañamente, después, la iniciativa se aprobó en los términos en que se recibió.

La aprobación consciente de los vicios de inconstitucionalidad de que adolecen las leyes entrañaría por parte de los legisladores la aceptación simultánea de reparar los daños ocasionados a la hacienda pública. Es pertinente mencionar este hecho, porque los legisladores deben ser y son, de hecho, perfectamente conscientes de que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad expresa para fincar responsabilidades resarcitorias a cargo de todo servidor público, en aquellos casos en que conduzca sus facultades en contra de la legalidad. Así, es factible que un servidor pueda estar exento de tales consecuencias cuando la falla provenga de una interpretación a la normatividad, pero no podría estarlo cuando se conduce con plena conciencia de la ilicitud de sus actos.

El Poder Judicial ha sido consistente a lo largo de las últimas semanas, al conceder medidas de suspensión definitivas que impiden una variación a la situación de hecho existente, para beneficio de los inversionistas. Las medidas han detonado el inicio de un discurso nacionalista, que resulta sumamente antojadizo en época de campañas.

Extrañamente y a pesar de todo lo anterior ahora el presidente ha enviado una nueva iniciativa, mediante la cual se pretende revertir el efecto de la reforma energética en materia de hidrocarburos y colocar a PEMEX, otra vez, en la cúpula monopolística de la exploración y explotación petrolera.

La consecuencia de revertir la reforma energética es mayor. El presidente sabe que no le alcanzan los números para lograr la reforma constitucional, y casi podríamos apostar que él sabe que no le conviene cambiar el texto de la Carta Magna para confiar a Petróleos Mexicanos, como empresa productiva del estado, un papel rector hegemónico en el sector que va a demandar recursos frescos que el gobierno de la república, simple y sencillamente, ya no tiene.

Todo refleja que se trata de un auténtico juego de palabras, con miras a cualquiera de dos objetivos: renegociar las condiciones económicas conforme a las cuales se han venido asignando licencias y contratos; o, habilitar condiciones de adversidad y conflictividad entre el sector privado y el gobierno, que justifiquen el uso de la retórica nacionalista en plena época de campañas. El presidente busca encontrar en el rincón más sensible de todo mexicano en edad de votar, ese sentimiento inscrito en el himno nacional que lo convoca a lidiar con valor contra todo aquel extraño enemigo que profane con su planta nuestro suelo.

Cualquiera de las dos razones es jurídica y económicamente insana. Los actos jurídicos que han derivado de los procesos de licitación para la exploración y explotación de campos petroleros confieren derechos a quienes invierten recursos con tales propósitos. Los cambios a las condiciones aceptadas no pueden provenir sino del acuerdo libremente alcanzado con quienes sean titulares de tales derechos. La amenaza como instrumento de negociación, es el peor mensaje que un gobierno puede dar a cualquier inversionista que desee hacer negocios en el extranjero.

El mismo significado debería concederse al uso de la facultad de iniciativa y a la vía judicial para el ejercicio de control de constitucionalidad de leyes, si se trata de un mero ejercicio para provocar condiciones que faciliten el uso de la retórica para efectos de campaña.

México se tardó décadas en construir las bases de una incipiente democracia, que provocó el aplauso de la comunidad internacional como centro de atracción de capitales para la inversión productiva, generadora de mano de obra, a la que está directamente asociada la recaudación.

Resulta absolutamente contradictorio que, siendo un país eminentemente dependiente de la productividad de su gente, el gobierno impulse un discurso que destruye la confianza de quienes pudieran arriesgar su capital en él. La circunstancia anterior es incluso menos inteligible, si apreciamos la manera en que al mismo tiempo se ofrece al electorado una fuente inagotable de recursos para programas de asistencia que no encuentran un asidero al cual sujetarse.

Aparentemente, alguien debe explicarle a esta administración la regla básica de todo tarjetahabiente: no se puede gastar dinero sin antes haber conseguido la fuente de ingresos que se necesita, para hacer frente al saldo que llega en el estado de cuenta del fin del mes.

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