Elecciones seguras: Secretaria de Seguridad garantiza paz y tranquilidad a partidos políticos

A los partidos políticos lo que les interesa es la seguridad de sus candidatos y la van a tener, hay capacidad y habrá elecciones pacíficas y en tranquilidad, afirmó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Luego de sostener una reunión privada con líderes parlamentarios de todos los partidos políticos, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, reveló que “los temas que a ellos les interesan es la seguridad de los candidatos para estos tres meses que vienen de las elecciones”.

Subrayó que “nosotros estamos pensando en unas elecciones que se desarrollen de manera pacífica y con tranquilidad, eso es lo que piden los mexicanos y esa es la exigencia de los partidos políticos”.

“El Estado debe garantizar, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Hay capacidad”, garantizó.

Detalló también que en el encuentro “les explicamos el procedimiento que se le ha explicado con el INE, y ellos estuvieron de acuerdo, en también transmitir la información a sus partidos”.

Con eso, dijo, “va a haber unas mesas aquí mismo, sobre los temas instalación, para ver el tema de las elecciones, no solamente la seguridad, sino otros temas”.

Elecciones 2024: Así es el protocolo del INE proteger a los candidatos en las campañas

La funcionaria sostuvo que el gobierno federal se hará cargo de la seguridad de los candidatos a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y de los aspirantes a diputados federales y senadores, mientras que los gobiernos de los estados de los candidatos que participarán en las elecciones estatales.

También reconoció que “hay problemas en algunas zonas del país, pero eso no quiere decir que en todo el país haya problemas de estos temas. También hablamos sobre el informe, sobre los números de la incidencia delictiva, vieron ellos cómo hemos bajado la mayoría de los delitos, y como en otros delitos siguen siendo un desafío para el Estado mexicano”,

Además, en la reunión se insistió en la necesidad de tipificar la extorsión como delito grave, en sus modalidades del “cobro de piso”, mediante una reforma constitucional.