Mucho se ha publicado en las últimas semanas sobre los criterios de política económica para el 2022, pero ¿por qué se presenta esta situación? De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presidente del país debe enviar al Congreso de la Unión los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los Criterios Generales de Política Económica y la Miscelánea Fiscal, en donde se presentarán entre otras cosas, los escenarios de las principales variables macroeconómicas como la tasa de crecimiento económico, tasa de interés, tipo de cambio y la inflación, escenarios sobre el monto total del PEF y su déficit o superávit y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos. El 20 de octubre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados pueda avalar la LIF, mientras que el 31 de octubre es la fecha límite en que la Cámara de Senadores puede aprobar la LIF, en tanto que el 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el PEF.
Con información de la SHCP, el proyecto de PEF, contempla un gasto neto de $7,088,250.3 millones de pesos (mp), 8.9% mayor a lo programado para este 2021. De este monto el 74.02% ($5,247,296.4 mp) se destinará a proveer bienes y servicios públicos a la población, sin embargo, el PEF únicamente desglosa 5,207.3 miles de mp. Los principales rubros son los siguientes: Seguridad social y salud a derechohabientes 30.53% justificados a través de la adquisición de vacunas y medicamentos, servicios de salud gratuitos y atención al rezago existente en la materia; Fortalecimiento energético 21.77%, Educación, cultura y deporte para todos 17.05%, Comunicaciones, transporte y apoyo a la infraestructura regional y local 6.34%. Otra forma de ver esta clasificación es por funciones, donde Gasto de gobierno ocupa el 8.36%, 26.77% a Desarrollo económico, y el restante 64.86% lo ocupa Desarrollo social. De las cifras anteriores surge la inquietud, en medio de una pandemia que no se ha controlado, y tras dos años de resultados negativos en la tasa de crecimiento del PIB, por qué solo se destina un 26.77% al desarrollo económico. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades de este gobierno?.
Al momento de analizar los programas sociales prioritarios, el que se lleva la mayor partida es el del Bienestar de las personas adultas mayores con un incremento del 70.4% respecto del presupuesto otorgado en el 2021, lo que deja en claro cuál seguirá siendo la línea de este gobierno.
Ahora si el análisis se realiza desde la perspectiva de los proyectos de infraestructura, al proyecto del Tren Maya se le destinan solo 10,000 mp, en tanto que a la refinería de Dos Bocas se le otorgan 45,000 mp (el equivalente al 94.58% del presupuesto de la Secretaría de Energía). Ambos datos ofrecen un amplio campo para la reflexión, ¿por qué tan pequeña cantidad un proyecto emblemático (Tren Maya) y por qué no se hace explícita la partida para Dos Bocas?
También habrá que cuestionarse de donde provendrán los recursos para la ejecución de este gasto, y en el documento se prevé que los ingresos tributarios representarán apenas un 14% del PIB. Si de la composición de años anteriores se observa que el 82% de la captación impositiva proviene del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), habrá que confiar en que la economía mexicana se recupere de la crisis en la que se encuentra (la SHCP estima un crecimiento económico de 4.1% para el 2022), ya que ambos impuestos tienen un comportamiento pro cíclico. Esto también pone de manifiesto lo deficiente de nuestro sistema tributario, ya que donde queda la captación de impuestos como el Predial, el impuesto hotelero o el Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Probablemente bajo este escenario de la necesidad de una captación, es que se pueda entender la propuesta en la que plantea obligar a los jóvenes de 18 años a registrarse ante el SAT y obtener su Registro Federal de Contribuyentes. ¿por qué los jóvenes que no generan ingresos también deben hacerlo?, ¿qué se busca con esta acción? o ¿será que no existe confianza en esos jóvenes y es necesario empezar a fiscalizar sus cuentas a temprana edad?. La introducción del Régimen Simplificado de Confianza en la Ley del ISR, es otro mecanismo a través del cual se busca aumentar la recaudación fiscal, con la intención que la determinación y pago del impuesto sea más accesible y sin la necesidad de apoyo de terceros, beneficiando a los contribuyentes con menor capacidad administrativa. Tampoco hay que dejar de lado la preocupación que ha despertado entre múltiples organizaciones civiles de ayuda a la comunidad el nuevo límite impuesto para la deducción impositiva por donativos. Esta disposición propone que las personas físicas solo puedan deducir hasta el 15 por ciento del total de sus ingresos, y que los deducibles por donativos ya no estén en una bolsa aparte, sino dentro de esta misma.
En resumen, los criterios generales de política económica aún dejan dudas y no advierten con seguridad que los escenarios previstos puedan cumplirse. Se habla un crecimiento económico del 4.1%, pero la inflación no se ha podido controlar, se habla de tener una captación del 14% del PIB, pero depende de que los cambios propuestos por la miscelánea fiscal arrojen los resultados esperados y de que se presente la tan ansiada recuperación económica, y finalmente no hay que olvidar que solamente se destinó el 26% del gasto presupuestal para impulsar el desarrollo económico. La incertidumbre en la obtención de los ingresos y un mal destino de los egresos dando preferencia a sectores que no cumplirán un papel para la reactivación económica ponen en riesgo el cumplimiento de dichos criterios.
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El autor es Director del Programa Académico de la Licenciatura en Economía en la Universidad de Monterrey y Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica, AC.