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Por qué Morena quiere el control de la Cámara de Diputados

Con la mayoría calificada en el recinto, el jefe del Ejecutivo podría realizar reformas a la Constitución sin problema alguno.

El proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador hace necesario que Morena y sus aliados logren ratificar en las próximas elecciones la mayoría calificada que tienen hoy en la Cámara de Diputados.

En México, la realización de reformas constitucionales exige contar con más del 66 por ciento de los votos en las dos cámaras del Congreso, esa es la mayoría calificada.

Morena y sus aliados tienen esa mayoría con los diputados pero carecen de ella entre los senadores.


Sin embargo, si como resultado de la elección del 6 de junio logran refrendar el triunfo entre los diputados con el margen necesario, pueden crearse condiciones favorables para que aún en el Senado, a través de alianzas o defecciones de algunos legisladores, pueda conseguirse el porcentaje necesario para realizar reformas a la Constitución.

López Obrador ha dicho que quiere consolidar los cambios que ha hecho, precisamente modificando la Constitución en diversos aspectos.

De manera prioritaria, se trata de lo siguiente: cambios en la ley eléctrica, modificaciones en las leyes relativas a hidrocarburos, cambios con relación a órganos autónomos y cambios en las leyes electorales.

Veamos en qué sentido se pretende cambiar las reglas del juego en estas materias.



1. El tema eléctrico

Las modificaciones a la ley de la industria eléctrica que fueron aprobadas por el Congreso hoy se encuentran invalidadas por las decisiones del Poder Judicial.

Se consideró que las reglas aprobadas afectaban a la competencia y al derecho a un medio ambiente más limpio.

El presidente ya señaló que, en caso de que el Poder Judicial rechace los cambios legales, propondría cambios en la misma Constitución con objeto de que ya no hubiera manera de impedir el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.

El sentido de los cambios sería plasmar en los artículos 27 y 28 constitucionales los términos que hagan compatible el criterio de despacho eléctrico prioritario para la CFE, los temas vinculados con energías limpias y autoabastecimiento, entre otros elementos de las reformas de la ley que se propusieron.


2. El tema de los hidrocarburos

En esta materia aún continúa el proceso legislativo. Sin embargo lo más probable es que la reforma a la ley que da al gobierno el derecho a suspender permisos en esta industria, quede en los mismos términos que fueron propuestos por el Presidente de la República.

El escenario más probable es que cuando estos cambios legales se publiquen en el Diario Oficial en los últimos días de abril o en los primeros de mayo, se desate una oleada de amparos promovidos por los empresarios del sector así como reclamos en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Por esa razón, el presidente seguramente también buscará reformas constitucionales que blinden sus propuestas de posibles controversias en el ámbito judicial.


3. Los órganos autónomos

En muy diferentes ocasiones, el presidente de la República ha expresado su incomodidad por la existencia de órganos constitucionalmente autónomos.

En particular los que son más susceptibles de ser modificados son en Instituto Nacional de Acceso a Ia Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero tampoco considere improbable que se quiera modificar también la estructura del Consejo Nacioal de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), organismo que evalúa la política social y mide la pobreza.

El diagnóstico que ha hecho el presidente es que son instituciones muy costosas que no solo, a su juicio, no aportan a la transformación que él está emprendiendo sino que además la estorban.

Por esa razón es que es muy probable que se busque la modificación de la autonomía constitucional que tienen y que se acoten sus funciones haciéndolos dependientes del gobierno federal y ya no entidades autónomas.


4. Los organismos electorales

En los últimos meses se ha acentuado la crítica del presidente Andrés Manel López Obrador y de diferentes líderes de Morena al Instituto Nacional Electoral (INE), debido a las decisiones que ha tomado.

El gobierno estaría buscando la eliminación de esta institución tal y como hoy lo conocemos y la formación de otro organismo con menos poderes y recursos y más fácil de capturar por parte de la 4T.

Quizás pudiera haber otros frentes en los cuales se quisieran realizar reformas constitucionales. Se ha hablado en el pasado de cambios en el régimen de ahorro para el retiro; en la búsqueda del “doble mandato” para el Banco de México, es decir que tenga como responsabilidad el control de la inflación y el crecimiento; y, también la ampliación del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo una nueva sala, como propuso en algún momento el senador Ricardo Monreal.

No es imposible que si Morena lograra un triunfo amplio en las elecciones de junio, algunas de estas reformas también se pusieran sobre la mesa.

El escenario de una pérdida de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir el obtener menos del 66 por ciento más uno de las curules dificultaría la realización de estos cambios.

En el extremo, si no se lograra ni siquiera la mayoría absoluta, es decir, el control del 50 por ciento de las curules, entonces se trataría de una derrota para la 4T, aunque Morena se mantuviera como la más importante fuerza política en el país, lo que absolutamente todas las encuestas sugieren.

La razón es que el presidente López Obrador pretende que los cambios que realice no sean reversibles fácilmente.

Obviamente la manera más segura de lograrlo es manteniendo su mayoría en las elecciones del 2024. Sin embargo, en previsión de que las circunstancias pudieran cambiar, pretende que dichas transformaciones queden plasmadas en la Constitución.

El diagnóstico es que aún si perdiera Morena la presidencia en 2024, tendría un peso específico suficientemente grande para impedir que se realizaran reformas constitucionales.

Es decir, el cálculo es que al menos mantuvieran la tercera parte de los asientos en alguna o en ambas cámaras o bien la mayoría en la mitad de los congresos estatales.

En cualquiera de estos escenarios se aseguraría su capacidad para bloquear los cambios constitucionales que quisieran hacerse a partir del 2024.

Por esa razón es que obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones del 6 de junio no es solamente una ambición, sino una necesidad para la estrategia de largo plazo del presidente.