Opinión

Y, ¿el gobierno federal sí sabe trabajar?

“A los campesinos indígenas hay que enseñarlos a trabajar porque si no, se comen los borregos que el gobierno federal les da, ya sea en la boda de algún hijo o en una fiesta de quince años.” Estas declaraciones de la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), además de desagradables, son sólo el reflejo subconsciente o consciente de la forma en la que los pueblos indígenas han sido tratados por el gobierno federal desde hace décadas. Asimismo, estas declaraciones son una prueba contundente de lo que muchas organizaciones hemos estado exigiendo, año tras año, que es la urgencia de desarrollar la agricultura familiar y el mercado interno, para que justamente dejen de depender de las dádivas de un gobierno.

Cabría agradecerle a la directora de la CDI que al menos, ahora, tienen una ligera idea de lo que son las políticas públicas de desarrollo rural y además de “enseñarlos a trabajar” también les pueda hacer llegar el resto de apoyos que permitirían a los pueblos indígenas generar ingresos sostenidos a partir de los proyectos productivos que reciben, para lo cual es necesario que les apoye –además de las bien recibidas clases de cómo trabajar- asistencia técnica, capacitación, financiamiento, seguro agropecuario y apoyos a la comercialización, de tal suerte que la “barbacoa de los quince años” se convierta en un negocio de agricultura familiar.

En las declaraciones de la funcionaria de CDI hay una parte de verdad y es que los campesinos se comen los activos del proyecto productivo, pero en lo que sí no hay claridad es que esto ocurre precisamene porque la política de desarrollo social hacia los pueblos indígenas, está completamente disociada y desvinculada de una lógica productiva y hoy por hoy, el gobierno federal no tiene un proyecto estratégico para desarrollar las zonas rurales marginadas.

Hay que preguntarle a la titular de CDI: ¿Cómo se imagina que un proyecto productivo de 20 o 30 borregos puede ser rentable en una zona rural que no tiene caminos rurales, que está excluida de los servicios financieros, que no recibe apoyos del gobierno para fortalecer la organización económica, que la Secretaría de Economía ni siquiera invierte recursos humanos y financieros para que en estas regiones se desarrollen proyectos de logística, acopio y vinculación de la producción con mercados locales o regionales; si tampoco recibe crédito para el capital de trabajo (hay que adquirir alimento para borregos, vacunas, desparasitantes), mucho menos seguro, etc., etc., etc.,?

Más bien habría que mostrar al gobierno federal, una vez más, que lleva décadas desperdiciando recursos públicos para el campo, con proyectos productivos atomizados, dispersos, desvinculados e incompletos, que fracasan en 90% de un año fiscal al otro, mientras que otros apoyos que permitirían completar un ciclo de proyecto como el financiamiento, el seguro, los apoyos a la posproducción, comercialización, acopio y abasto, se destinan a un mínimo porcentaje de productores en los que incluso figuran grandes empresas trasnacionales como Cargill, Gruma o Bachoco.

Aunado a esto, ¿cómo explicarle a la CDI que el atraso en las capacidades locales de las regiones indígenas también se debe a la omisión y el olvido del gobierno?

Mientras se les ha bombardeado por más de una década, con apoyos al ingreso vía Oportunidades y dicho sea de paso, también por esto recientemente se les ha cuestionado acerca de su fertilidad; las familias indígenas sufren los indicadores de carencias más altos. De acuerdo a las estadísticas de pobreza 2012 de Coneval, la población indígena que sufre de rezago educativo es el 47.4% frente a 18.6% para los no-indígenas; 35.3% sufre inseguridad alimentaria frente a un 22.5% no-indígena y 82.3% de los indígenas carece de seguridad social frente a un 59.6% de no-indígenas. Estos elevados porcentajes son determinantes de la productividad que el capital humano puede desarrollar en el futuro.

Frente a estas declaraciones, caben otras que son: la exigencia de los pueblos indígenas, sus organizaciones campesinas y un sector de intelectuales y académicos para que la próxima reforma para el campo, sea un parteaguas que modifique la estructura de las políticas públicas para que éstas desarrollen territorios, capacidades humanas y mercado interno; para que exista una asignación progresiva de los subsidios, es decir, más subsidio a quien más lo necesita y deje de apostar sólo al 2% de los agricultores mientras que el restante 98% podría garantizar la seguridad y soberanía en alimentos básicos para los mexicanos, y así quizá el mercado haría su papel y el gobierno en algunos años podría dejar de “mantenerlos y enseñarlos a trabajar”, ya que es claro que la inteligencia y la fuerza en los pueblos indígenas es por mucho, su mejor activo.

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. E.

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