El lunes le presenté un apretado resumen de la destrucción de la capacidad de gestión del gobierno federal. No mencioné ahí que ese impacto, vía presupuesto, también afectó a entidades federativas y municipios, a quienes les han reducido recursos para educación, salud y seguridad. Sin embargo, es importante recordar que, en México, el presidente no es sólo el jefe de gobierno (que debería responder por todo lo anterior), sino también jefe de Estado, y eso también debe revisarse.
Durante el periodo en que pudimos construir una democracia moderna en México, parte de las funciones que el gobierno controlaba fueron asignadas a órganos autónomos. El objetivo era separar con más claridad los dos ámbitos (gobierno y Estado), permitiendo en el segundo caso la existencia de contrapesos que, al interior del gobierno, no siempre existen.
Los poderes federales, Legislativo y Judicial, empiezan a tener autonomía en los años noventa, y poco después lo hace el Banco de México, el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información y órganos de corte económico: INEGI, Ifetel, Cofece.
En este sexenio, Morena ha contado con mayoría amplia en el Poder Legislativo, pero eso no debería ser un problema. Su estulticia, inverecundia y abyección es lo que cambia el panorama. Han sido capaces de forzar los procedimientos legislativos, o de plano ignorarlos, para aprobar leyes que son claramente inconstitucionales, que pueden tener consecuencias catastróficas o que están dirigidas a cumplir caprichos presidenciales, no a facilitar el funcionamiento de la sociedad. Legisladores incapaces, sinvergüenzas y envilecidos han permitido la concentración de poder en una sola persona, la militarización de la vida pública y el ataque a quien ha intentado detenerlos, específicamente al Poder Judicial.
López Obrador destruyó la CNDH desde el inicio del sexenio, nombrando a una persona con las credenciales que destacan a los legisladores, pero en grado extremo. Ha presionado y colonizado el Instituto Nacional Electoral, evitado nombrar puestos faltantes en el Inai, Ifetel o Cofetel, e incluso en el Tribunal Electoral.
Los equilibrios al interior del Estado están rotos, porque así lo ha buscado López Obrador. Aunque ha nombrado subgobernadores del Banco de México, no puede atacar esa institución por el riesgo financiero internacional. En INEGI también nombró presidenta, y ahí sí percibo un deterioro, especialmente promovido desde el gobierno que falsea información que el instituto no puede corregir. Con un gobierno que miente más de cien veces al día, cualquier riesgo que corra INEGI debería preocuparnos.
Llegaremos a la elección con el INE fracturado y con el Tribunal Electoral incompleto. Una elección cerrada se convertiría en un problema mayúsculo. El control del discurso público, en circunstancias en que el árbitro no esté en plena forma, se convierte en el elemento más importante. Por eso, conforme es más claro que la elección se ha cerrado, López Obrador intensifica su ataque a medios, opinadores, organizaciones sociales, activistas, contra quien sea.
Literalmente, López Obrador ha destruido el tramado institucional y las capacidades del Estado con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Requiere mucha ignorancia, fanatismo o interés no verlo. Seguir alabando su imaginaria capacidad política, sus inexistentes principios, su ficticio interés por los más pobres (o por quien quiera que no sea él), es sumarse a la destrucción de la democracia, es decir, de la República. Lo lamento mucho por quienes lo hacen.
Creo, sin embargo, que no le dio tiempo de lograr su objetivo. Creo que sumó muchos más enemigos que seguidores, que creó muchos más problemas, que abrió demasiados frentes. Creo que la realidad lo está alcanzando, y conviene demostrárselo en la manifestación del 19 de mayo y en la elección del 2 de junio.
Pasará a la historia, sí, pero no en el paraíso de los héroes patrios.