Opinión

Gobernanza


 
Sin duda, lo mejor para los consumidores de la gran mayoría de las mercancías es que haya muchos competidores en la oferta. También creo que las empresas que están en sectores indispensables para avanzar en un trayecto de desarrollo relativamente soberano, con un régimen político democrático, tienen que ser reguladas con claridad por el Estado, sean de propiedad pública o privada.
 
Al capitalismo lo mueve el afán de lucro privado. Por eso es lo más natural que el Estado nación regule las áreas estratégicas para moderar el lucro particular, en nombre del bien común. Es parte sustantiva de la gobernanza, como se practica en cualquier país europeo o asiático.
 
Entre esas áreas estratégicas destacan el manejo del ahorro y crédito, de las telecomunicaciones y de las fuentes de energía. En nuestro caso, dos de ellas están en manos privadas desde hace tiempo, pero muy mal reguladas por el Estado. Pronto lo estará también el sector energético.
 
¿Qué pasa con la regulación deficiente? Cualquier comparación del comportamiento de la banca en México con otros países, deja ver que aquí domina abrumadoramente el lucro de las filiales extranjeras sobre el aprovechamiento del crédito y el financiamiento como palanca de las inversiones productivas.
 
 
Ese predominio particular no lo corregirá la “reforma financiera” recién aprobada, hecha para facilitar la cobranza a deudores morosos. Las matrices de los bancos –no la eficacia, calidad y orientación regulatoria del Estado mexicano- seguirán decidiendo los máximos costos y mínima cobertura de sus servicios que les permita el mercado.
 
En materia de telecomunicaciones –sector en el que fincan su fuerza algunos de los poderes fácticos del país- la reforma constitucional hecha para regularlas, carece de normas de aplicación –es pura lírica, nada más- porque el gobierno no quiso –o no lo dejaron- enviar su propuesta al Congreso en el plazo constitucional que venció el lunes pasado.
 
 
La reforma energética desfigura la Constitución… y la gobernanza del país.
 
El Congreso ya aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para privatizar –sí, privatizar- no a Pemex sino la cadena completa de actividades de las industrias petrolera y eléctrica.
 
 
Entrarán poderosas empresas sobre las que Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, advertía en Monterrey en agosto pasado sobre las trampas que hicieron en Alaska para restar unos centavos al precio al que comercializaban cada barril.
 
 
“Si eso hicieron en Estados Unidos, ¿qué harán en otras partes del mundo si creen que pueden salirse con la suya?”, preguntaba Stiglitz y advertía que para que las petroleras no se lleven todas las ganancias de la extracción de hidrocarburos en México, se tendrían que diseñar “minuciosamente y transparentar por completo los futuros contratos” para no permitir que las empresas los clasifiquen y escondan como “secretos de la industria” (Reforma 28 agosto 2013).
 
 
A esos desafíos se enfrentarán los mismos funcionarios y legisladores autores de la reforma energética aprobada, que a juicio de Diego Valadés, experto Constitucionalista investigador de la UNAM, está asombrosamente mal hecha.
 
 
Dice Valadés que “La Constitución está siendo desfigurada en una dimensión que hasta ahora era inimaginable”. Se aprobaron “contradicciones y errores que asombran”, dice, y da varios botones de muestra (Reforma 10 de diciembre 2013).
 
Uno que impresiona, es que siendo los artículos transitorios, por definición, de vigencia temporal perentoria, en 11 de los 21 que contiene la reforma se establecen disposiciones permanentes.
 
 
Increíble que el gobierno y los legisladores consideren que con esos transitorios darán seguridad jurídica a los inversionistas internacionales, a menos que estén contando con las leyes secundarias para dejar establecida la reforma cuando haya menos debates y alboroto social.
 
Contradicciones, equivocaciones y dejar partes fundamentales en artículos transitorios, ¿fue por ineptitud o fue intencional? ¿Qué ganan el gobierno, priistas y panistas si lo hicieron a propósito?
 
Quizás calculan que la incertidumbre jurídica dota a sus funcionarios y legisladores de autoridad de arbitrio y mayor poder al negociar el alcance de la privatización energética en las leyes secundarias.
 
 
En cualquier caso, es muy justificado el temor de que los encargados de la privatización negociarán en su favor personal y de grupo, y no de las capacidades institucionales del Estado mexicano que se necesitan reforzar para que los contratos con Exxon, Shell o BP sean transparentes, para que no engañen en sus costos, volúmenes y utilidades, para que paguen por daños ambientales que causen, para que se sometan, a fin de cuentas, a una mejor gobernanza del país.