Opinión

Corrupción y transparencia

 
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Corrupción. (ciudadanosenred.com.mx)

El Estado democrático es un experimento evolutivo. El Estado como edificio público primero fue un refugio frente a la barbarie prehistórica, la evolución política diseñó el Estado democrático moderno, pero parece un 'remedio' no una alternativa, un simple remedio respecto a la barbarie posmoderna. ¿Por qué? Acaso porque sus reglas y procedimientos –inclusive los más sofisticados– han resultado insuficientes.

El Estado como solución radical debiera ser un antídoto a las dinámicas de la barbarie de cualquier época, especialmente si la idea estatal ha de cobrar valor en las condiciones de la era global que incorporó todo quehacer público a las herramientas y velocidades de las tecnologías de la información.

Si el Estado concentra la mayor expresión de energía pública disponible (operación humana, económica y política) en un contexto determinado, debería ser exitoso a sus fines y propósitos básicos. Las fugas de energía pública estatal amenazan y desvían la trayectoria colectiva, el rumbo que fija el principio de legalidad a gobernantes se sustituye por el que impone el principio de oportunidad: acciones y omisiones ilegales, arbitrarias fuente de impunidad que a la vez propician privilegios inadmisibles, desigualdades y exclusión perjudicial.

Una de las acepciones del término 'corruptio' consiste en desgarrar algo en forma conjunta o hacerla pedazos. Al trasladar lo coloquial del concepto a la realidad social, económica y política de cualquier país, reporta deshacer, romper, destruir tejido social, bases económicas, confiabilidad institucional y credibilidad política. Así que la corrupción se torna en un acto de perversión, abuso y daño ampliado.

En el discurso común se alude a la corrupción política como el abuso y la perversión del poder público para la obtención de un beneficio esencialmente económico o lucrativo para sí o para unos cuantos en quebranto de la comunidad.

Como el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión, la defraudación, el acoso y un sinnúmero de subespecies que completan el universo de la corrupción. La corrupción admite a cualquier individuo sin distinción de género, clase social o nivel de educación.

La transparencia permite ubicar a través del acceso a la información o de la rendición de cuentas cómo funciona la estructura pública y por qué se decidió tomar tal o cual decisión, y colateralmente se puede arribar a la identificación de actos de corrupción, pero hasta ahí juega el papel de la transparencia.

Para que la impunidad no sea la regla general, se requiere de otra clase de mecanismos que van más allá de la transparencia para abatir a aquélla, y que haya castigo o dicho en términos de Estado de derecho: responsabilidad jurídica (sea administrativa, penal o civil) para aquellos que han formado parte de un acto de corrupción.

En materia económica, la inversión es 5.0 por ciento menor en países con mayor corrupción, el ingreso de las empresas tiene 5.0 por ciento de pérdidas en ventas anuales y la piratería conlleva a una pérdida de 480 mil empleos al año.

En materia política sólo 37 por ciento apoya a la democracia y sólo 27 por ciento se encuentra satisfecho con la democracia. Igualmente, el 91 por ciento no confía en partidos políticos, 83 por ciento no confía en legisladores y 80 por ciento no confía en instituciones del sistema judicial.

Tras la reforma constitucional anticorrupción del 27 de mayo de 2015, se crearon la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y se modificaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en torno a la recuperación de la SFP como Contraloría General) y la Ley Orgánica de la PGR (en torno a la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción).

Con lentitud, avanza la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Será una hazaña completar las acciones y los nombramientos de las personas idóneas para ejercer las competencias más diversas, que sólo podrán ser exitosas desde la lógica sistémica cuando se engarcen con el Sistema Nacional de Transparencia que preside el INAI y el Sistema Nacional de Archivos; por tanto, será un acicate sistemático para la democracia mexicana plagada de pendientes y rezagos.

La corrupción pública es un efecto progresivo. La causa: la ausencia de controles y límites al ejercicio del poder público, que deriva en discrecionalidad complaciente y selectiva o arbitrariedad interesada en dividendos de los negocios públicos. La corrupción convierte a contados ciudadanos –usuarios de los servicios públicos– en socios ilegales de funcionarios rapaces e insaciables mientras el resto de la población queda a la suerte de caprichos y abusos.

El autor es comisionado del INAI.

Twitter: @f_javier_acuna

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