Opinión

Consejo Consultivo en el INAI: a un paso de su fundación

 
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Senado. (Cuartoscuro)

El Senado de la República, después de haber realizado una convocatoria y auscultación pública, está por finalizar el proceso de designación de los integrantes fundadores del Consejo Consultivo del INAI, quienes provienen de organismos civiles y la academia. El órgano legislativo habrá de elegir a las diez personas que conformarán esta instancia de participación ciudadana, de entre 19 aspirantes con experiencia en acceso a la información, protección de datos, transparencia, rendición de cuentas y protección a los derechos humanos. El hecho resulta de la primera importancia en el campo de la transparencia porque quienes ocupen este nuevo encargo, deberán poner en marcha este espacio de incidencia y acompañar al órgano garante nacional en el cumplimiento de sus objetivos institucionales en los próximos años.

Este Consejo se concibió como un espacio permanente de participación, en reconocimiento del derecho de la población a formar parte de los asuntos públicos, consideración que resulta congruente con la intención del Constituyente Permanente en torno de que el órgano consultivo sirva para la presencia directa de los ciudadanos surgidos de la sociedad civil y designados por el poder legislativo, a fin de coadyuvar en la orientación de la toma de decisiones del Pleno del órgano garante.

Cabe subrayar que esta clase de colegiados han sido instaurados en diversas instituciones del sector público, con el propósito de auxiliar en diferentes aspectos del quehacer gubernamental. Es de esperarse que las opiniones de estos actores, derivadas de su expertise y calidad moral, contribuyan a la mejor conducción de los asuntos y en la adopción de decisiones.

En el caso del INAI, la ley le atribuye a su consejo consultivo la capacidad de conocer y opinar acerca de cuestiones presupuestales, aspectos de gestión, y sobre temas relevantes conexos a los derechos tutelados; siempre con un carácter no vinculante, derivado de su naturaleza de ser una entidad de asesoría y de provisión de elementos orientadores. De esta forma, las determinaciones en la conducción de los asuntos institucionales corresponden al Pleno del órgano garante, mismo que será responsable de los resultados que de ellas se deriven.

Para asegurar la continua operación del Consejo Consultivo y el cumplimiento de las funciones, se requiere del compromiso de sus integrantes y de la capacidad de coordinación entre ellos, así como el soporte que el INAI le dé al mismo, mediante la procuración de insumos destinados a la realización de su trabajo, siendo el primer paso en la ruta la creación de las bases de su organización y funcionamiento, así como del desarrollo de su institucionalidad.

Adicionalmente, también será necesario que la primera generación de integrantes, establezca mecanismos de articulación con los diversos sectores de la sociedad interesados en la transparencia, con el propósito de recoger sus puntos de vista y, en su caso, darles resonancia en sus deliberaciones y opiniones.

Por lo anterior, es dable esperar que los legisladores seleccionen a aquellas personas con la mayor experiencia en la construcción de diálogo e incidencia en políticas públicas, y conocimiento del marco jurídico nacional en materia de transparencia y datos personales.

Además, se debe tener en cuenta que los nuevos consejeros tendrán el reto de conjuntar sus diversas capacidades, a fin de favorecer sus labores. Sin duda, ellos marcarán las pautas a seguir por la sociedad y otros consejos consultivos de los órganos garantes locales, cuyo desempeño también estará bajo el escrutinio y, por ende, uno de sus imperativos será el de conducirse de manera transparente y abierta a la población, a la cual habrán de rendirle cuentas.

Con la próxima instalación del Consejo Consultivo del INAI, se completará el marco institucional del derecho de acceso a la información, derivado de la reforma constitucional de 2014, lo que fortalecerá la vinculación ya existente con la sociedad civil, desde una nueva perspectiva que implica la institucionalización del espacio de diálogo y articulación.

La autora es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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