Opinión

Atentado contra la libertad de expresión

 
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Libertad de expresión

La comunicación caracteriza a nuestra época: privada, masiva o pública, con réplicas y contrarreplicas que se multiplican en todo el globo. El monopolio informativo del Estado paulatinamente cedió, y de controlar incluso la producción de papel para la impresión de periódicos y amedrentar e 'institucionalizar' a dueños de medios, reporteros y editorialistas, hoy usted y yo podemos interactuar en las redes y cualquiera puede influir en cualquier materia con unos cuantos caracteres o una imagen.

La crítica, la sátira y la descripción cruda de los hechos son ejercicios de tolerancia en libertad. El señalamiento a cualquier servidor público es siempre un mecanismo de control individualizado correlativo a su obligación de informar y rendir cuentas. Hoy todos opinamos, criticamos y asistimos a múltiples debates públicos. El Estado respira por los poros informativos a los que todos tenemos acceso. En México hay más de 100 millones de teléfonos celulares, y en dos o tres clicks puede verse qué se hace, qué se dice y estar en posibilidades de intervenir en toda dinámica comunicativa.

Sin embargo, hay políticos que no gustan de la apertura. Ignoran que no puede gobernarse con piel delgada, oídos sensibles y ojos que saltan corneas tan pronto leen su nombre, institución o una crítica a su actuar. Quieren revertir lo andado con medidas propias de censor. Eso sucedió la semana anterior con la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 1916 del Código Civil Federal, que regula la reparación del daño moral y la sanción al que comunique la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien; al que impute a otro un hecho delictuoso si éste es falso; al que presente a posta denuncias a inocentes; y al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

Es correcto que lo anterior tenga un medio de defensa; pero tratándose de servidores públicos, el manto protector para su imagen se diluye en razón del interés propio de su función; de hecho, los tratados para combatir la corrupción estipulan que señalar actos de corrupción es sano en democracia y corresponde al involucrado y a la institución la carga de la prueba.

Es tan grave la iniciativa, que establece que “se considerará violación a la intimidad u honor de una persona sin distinciones de origen, género (…) actividad en el servicio público (…) cualquier manejo directo de su imagen, nombre o datos personales, así como cualquier manifestación insultante u ofensiva en los medios impresos o electrónicos que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo”. Esto significa que se violaría el honor de un servidor público con sólo manejar su imagen, decir su nombre, calificarlo de corrupto o inepto, considerar que no tiene méritos o que su actuar no es inteligente. Criticarlo pues. ¿Cómo puede tenerse una democracia sin controles sociales, sin tráfico de ideas, sin crítica a lo público? Quien no quiera que los demás opinen sobre su trabajo, pues que no trabaje para ellos.

Más grave, la iniciativa propone que podrá solicitarse a un juez la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos para evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el libre desarrollo personal y 'profesional' del servidor público.

Me parece que la iniciativa del diputado José del Pilar Córdova Hernández atenta contra la más elemental doctrina legal, jurisprudencial y comparada de libertad de expresión; considero que da muestra de su desconocimiento en el tema y su texto es, por decir lo menos, torpe e impertinente. De aprobarse en el Senado, el diputado podría demandarme para que reparara su honor por el uso de estos calificativos. Creo que cualquier juez de amparo concedería la protección constitucional a mi libertad de expresión. En el hipotético y dificilísimo caso de que algún juzgador constitucional coincidiera con tan grave iniciativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaría al Estado mexicano por violar el derecho a la información de quien esto escribe, el medio que lo publica y de todos los mexicanos. Esperemos que sea sólo una ocurrencia.

Twitter: @salvadoronava

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