Nacional

PGR también va contra 'blindaje' de César Duarte

La procuraduría señala que la reforma legal para crear la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se dio sin esperar la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
David Vela
12 julio 2016 11:53 Última actualización 12 julio 2016 12:22
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, se recupera favorablemente de su operación. (Archivo/Cuartoscuro)

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, se recupera favorablemente de su operación. (Archivo/Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
recibió la acción de inconstitucionalidad que el Ejecutivo, a través de la PGR, promovió contra el paquete de leyes anticorrupción en Chihuahua, impulsadas por el gobernador César Duarte.

El argumento central es que la reforma legal para crear la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se dio sin esperar la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ello, se impugnó no solo la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, sino también el eventual nombramiento de su titular que sería designado por el propio gobernador Duarte.

La PGR detectó que las reformas realizadas por el Congreso de Chihuahua contienen “vicios legales”, que no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional aprobada el 27 de mayo de 2015.

Por ello, con fundamento en el artículo 105 de la Constitución, la PGR presentó la acción de inconstitucionalidad con el propósito de que la SCJN revise la reforma local de dicha entidad.

Una vez recibida la acción de inconstitucionalidad, ésta será turnada a uno de los ministros de la Corte que estudiará el caso y determinará si es o no procedente y en su caso se elaborará un proyecto de sentencia cuya resolución no tiene plazo ni fecha definida.

Cabe destacar que en casos de relevancia el Ejecutivo federal puede hacer una solicitud para que los casos sean resueltos a la brevedad, sin esperar el turno que sigue casa uno de los casos.

El lunes, la PGR anunció acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobiernos de Veracruz y Quintana Roo por reformas locales anticorrupción.