Nacional

Padrés ha tramitado cerca de 40 amparos: abogado

Antonio Lozano reconoció que podría existir una orden de aprehensión contra del exgobernador de Sonora ante las investigaciones que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Sonora han abierto en su contra.
Redacción
03 octubre 2016 10:5 Última actualización 03 octubre 2016 11:42
Guillermo Padrés gobernador Sonora CUARTOSCURO

El gobernador sonorense dijo que su favorito es Gustavo Madero. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Lozano, abogado del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, aclaró que su cliente ha presentado más de 40 recursos en relación con las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía de Sonora han abierto en su contra.

En entrevista en Radio Fórmula, el litigante reconoció que podría existir una orden de aprehensión contra Padrés Elías. 

Sobre los amparos, Lozano explicó que más de dos terceras partes de ellos, los solicitaron para acceder a la averiguación y "saber de qué se trata" y que se consiguió en diciembre pasado.


Para ese entonces, las dos averiguaciones previas se mantenían seis acusaciones en contra de Padrés Elías; una de ellas sobre el incremento en el valor de un rancho. Otra más con la perforación de seis pozos ilegales.

Además, se le acusaba de construir una presa, recibir sobornos por la fabricación de uniformes de delitos fiscales y sobre la existencia de un fideicomiso de 8.5 millones de dólares y por ésta es que se habría emitido la orden de aprehensión.

El abogado señaló que su cliente envió una carta, en abril de 2015 a la procuradora Arely Gómez para ponerse a disposición y pedirle que le informaran sobre cualquier imputación en su contra.

Recibió respuesta en mayo pero meses después y tras citatorios a sus colaboradores, reiteró, vía escrito, de su disposición. 

El Financiero informó en días pasados que exgobernador de Sonora había tramitado 28 amparos, de los cuales la mayoría ya están concluidos.

Entre ellos, hay seis amparos que promovieron contra actos privativos de la libertad, tales como orden de presentación, localización o aprehensión, tanto de autoridades locales como federales.

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