La controversia que mantienen la armadora KIA y el estado de Nuevo León puede tomar diversos caminos para su solución, uno es que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el otro es que se opte por los medios alternativos de resolución de conflictos, es decir, la mediación, explicó Florentino Elizondo López, especialista en consultoría de negocios y gestión de riesgos, aunque aclaró que éste es un tema administrativo.
Dijo que en ambos casos tendría que ser el Gobierno quien solicite la solución por cualquiera de esas dos vías, ya que es el interesado en aclarar que en el memorándum de entendimiento.
"Si la controversia se basa en que los conceptos de beneficios que se reconocieron dentro del convenio no fueron legales por que iban por arriba de lo estipulado por la ley, el Congreso estatal pudiera buscar dentro del Tribual Contencioso Administrativo Estatal impugnar la validez de ese acuerdo y en consecuencia, pudiese ventilarse o no la procedencia en cuanto al cumplimiento forzoso del contrato", dijo.
Añadió que "si con la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo Estatal, alguna de esas partes no estuviera de acuerdo, pudiera en su caso iniciar una acción de constitucionalidad vía un amparo directo reclamando las presuntas violaciones de constitucionalidad contra la resolución o sentencia del tribunal; ahí es donde pudiese llevarse, en materia de constitucionalidad, el asunto a desahogar ante la SCJN".
Dijo que la máxima autoridad en el país no tiene facultades para discutir sobre si el acuerdo es legal o ilegal, sino que analiza elementos de violaciones a la Constitución.
"El tema es un asunto estrictamente administrativo; el ir a tocarle la puerta a la SCJN es porque consideramos que hay una violación a la Constitución derivado de la resolución que tuvo un tribunal estatal".
Comentó que si bien existe la posibilidad de que la SCJN atraiga el caso, ésta es muy pequeña, "casi nula".
"La otra opción, es por vía mediación, pero depende de la voluntad de ambas partes. Ya lo que están haciendo (ambas partes) es mediación, nada más que la diferencia, entre la privada y con un árbitro, es que las partes desde un principio acuerdan lo que el árbitro resuelva", detalló.
El especialista explicó que "no hay un tiempo específico o estricto (para darle solución) en ninguna de las dos opciones, pero una mediación normalmente pudiera durar entre ocho meses y un año, mientras que el juicio desde la primera etapa a la SCJN debe de llevar entre 3 o 4 años".
INTERPRETACIÓN DE LA LEY ESTATAL
Para el especialista la controversia que enfrentan es cuestión de interpretación de la ley por parte del Gobierno del Estado, pues el conflicto podría resolverse haciendo reformas al marco regulatorio para cumplir con los acuerdos comprometidos y no seguir dañando la competitividad y credibilidad del estado.
"Es increíble que un equipo de burócratas en turno interprete la legislación y la apliquen de una forma y, seis meses después llegue un nuevo equipo y pretenda hacer en 180 grados las cosas distintas. Es increíble.
"Aunque el marco estatal diga una cosa, que no tenga ni el Congreso estatal ni el Ejecutivo la coordinación, de hacer en su caso, las reformas necesarias para que procedan los acuerdos y ser un estado más competitivo".
Monterrey