Luego de que la defensa legal del ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, advirtiera que "irán hasta el fondo" en el caso de su defendido, por lo que pedirán citar tanto a ex funcionarios y funcionarios del Gobierno, así como a directivos de Kia Motors para deslindar a su cliente de los delitos que le fueron imputados, el marco legal que rige a la entidad y penalistas consultados al respecto apuntan que la armadora podría haber violado la ley.
De acuerdo al artículo 207 Bis del Código Penal de Nuevo León, la armadora podría haber incurrido presumiblemente en algún delito, si con dolo aceptó los apoyos ofrecidos, y alguno de los delitos son peculado y cohecho.
El artículo antes citado señala que son servidores públicos los representantes de elección popular; las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los poderes, ejecutivo, legislativo o judicial del Estado, en los municipios, o en los órganos autónomos; y las personas que manejen recurso económicos de Estado o de los Municipios.
"Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que a sabiendas, se beneficie o participe en la comisión de alguno de los delitos en este título o el subsiguiente, tenga o no el carácter de servidor público", agrega.
Consultados al respecto, abogados que prefirieron el anonimato señalaron que la falta de acción del Gobierno estatal en contra de la armadora podría ser parte de un acuerdo para proteger las negociaciones que mantiene con ésta para lograr un nuevo convenio.
"En el supuesto de que ellos (la armadora) sabían que iban a obtener un beneficio de algo que estaba hecho fuera de la ley o violentándola, también estarían cometiendo un delito, ya sea de peculado, cohecho o ejercicio indebido de funciones, el mismo que haya cometido el funcionario público, pero primero hay que tener las evidencias para poder acusar, porque la nueva reforma busca proteger al inocente y que el culpable no quede impune", detalló.
Además señaló que "no estoy diciendo que así sea, pero levanta sospechas el por qué sólo se actuó en contra de los ex funcionarios por parte del Gobierno actual y no también contra el particular, situación que ya permite la ley. Aquí la víctima es el Estado y debió seguir los pasos que hizo contra Medina y los demás".
Al buscar la postura de Kia, personal de su área de comunicación respondió que: "por el momento la empresa no tiene algo que comentar al respecto".
Otro especialista dijo que con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales se puede fincar responsabilidad penal a una empresa, "pero en estos momentos es muy precipitado porque el proceso apenas comienza y no tenemos aún claro la responsabilidad de cada una de las partes; entre las sanciones penales que se contemplan para una empresa es la disolución".
El gobierno actual, a través de la Operación Tornado, emprendió acciones legales en contra del anterior Gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz y varios de sus colaboradores, por presuntamente otorgar incentivos que violentaban la Ley de Fomento a la Inversión, a la armadora coreana. Kia y el Gobierno firmaron un nuevo acuerdo de apoyos cinco días después.
Monterrey