La guerra contra las drogas ha sido un fracaso de un billón de dólares. Durante más de cuatro décadas, los gobiernos alrededor del mundo han gastado grandes sumas de dinero en esfuerzos vanos y represivos contra las drogas. Todo esto ha sido a costa de programas que sí funcionan, como el intercambio de agujas y la terapia de sustitución. Esto no es solamente una pérdida de dinero, es contraproducente.
La London School of Economics (LSE) ha finalizado lo que es, quizás, el recuento más completo de la guerra contra las drogas que se haya hecho hasta la fecha. La conclusión, respaldada por cinco economistas ganadores del Premio Nobel: ha producido más daños que beneficios.
La prohibición de las drogas ha creado un mercado negro inmenso, valorado por algunos en 300 mil millones de dólares. Transfiere la carga del "control de las drogas" a los países productores o de tránsito como Afganistán y México. Esta estrategia también fracasa en enfrentar una verdad básica: los mercados de drogas son altamente adaptables. Si se reprime el negocio en un país, resurge en otro.
Consideremos el caso de Colombia. Cuando sus organismos encargados de hacer cumplir la ley tuvieron éxito en la lucha contra el comercio de cocaína, la mayor parte del negocio criminal y la violencia que lo acompaña se mudaron a México. El informe de la LSE calcula que después de 2007, las políticas de interdicción colombianas fueron responsables por el aumento de más de 20 por ciento en el índice de asesinatos en México.
Bogotá tenía suficiente violencia para exportar. La explosión del mercado ilegal de drogas ocurrida entre 1994 y 2008 "da cuenta aproximadamente de 25 por ciento del índice actual de homicidios en Colombia. Eso se traduce en un promedio de alrededor de 3 mil 800 homicidios más al año asociados con los mercados de drogas ilegales y la guerra contra las drogas", según indica el informe. Este tipo de violencia acarrea un gran costo económico; las corporaciones se trasladan a otros sitios, la inversión extranjera se agota, las industrias decaen y los ciudadanos huyen buscando una vida mejor.
Estos costos no se limitan a los países productores; los países consumidores sufren igualmente.
Esto sucede especialmente en EU, que tiene menos de 5 por ciento de la población mundial, pero casi 25 por ciento de la población carcelaria mundial. La mayoría son personas que han cometido delitos no violentos o relacionados con las drogas a quienes aplicarles tratamientos de drogas y otras alternativas sería más barato y efectivo para reducir la reincidencia y proteger la sociedad que el encarcelamiento. A nivel mundial, 40 por ciento de las 9 millones de personas encarceladas se encuentran tras las rejas por delitos relacionados con las drogas –y esa cifra sólo puede elevarse, ya que los arrestos de delincuentes de drogas en Asia, América Latina y África Occidental aumentan constantemente.
A pesar de la magnitud de la desgracia humana, los servicios que podrían salvar vidas y reducir los costos a la sociedad están mal financiados, o sencillamente no cuentan con financiamiento alguno.
Durante años, mis Open Society Foundations han apoyado programas de reducción de daños como los intercambios de agujas –una forma probada y rentable de evitar la transmisión del VIH. Un país descubrió que por cada dólar invertido en intercambio de agujas, se obtienen 27 dólares en ahorros. Eso no es poca cosa, teniendo en cuenta los miles de millones de dólares gastados en el tratamiento del VIH. Hemos visto una rentabilidad de la inversión muy similar con las salas supervisadas de inyección de drogas y el tratamiento asistido con fármacos de la adicción al opio. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, el Congreso de EU continúa bloqueando los fondos federales para el intercambio de agujas. Muchos gobiernos alrededor del mundo luchan para evitar cualquier mención de la reducción del daño en los foros internacionales, por temor a que esto discrepe con la ideología predominante de la guerra contra las drogas.
Sin embargo, el cambio es posible aún. En 2016, la Asamblea General de la ONU revisará el estado actual del sistema de control de drogas. Durante demasiado tiempo la ONU ha trabajado por hacer cumplir un modelo único en todo el mundo, basándose en la creencia de que las políticas prohibicionistas pueden, por sí solas, resolver el problema mundial de las drogas.
El informe de la LSE, que se publicará el miércoles, recomienda que los gobiernos les den máxima prioridad a las políticas de salud pública ya probadas, tomando medidas para minimizar el daño en los mercados ilícitos y exigiendo "políticas rigurosamente supervisadas y experimentación regulatoria". Estoy totalmente de acuerdo.
Los gobiernos del mundo necesitan sopesar los costos y beneficios de sus políticas actuales, y deben estar dispuestos a redirigir los recursos hacia programas que funcionen. Esto salvará vidas –y ahorrará dinero. Tenemos la oportunidad única en esta generación de reparar la quebrantada estructura mundial que existe para lidiar con la crisis de las drogas. Los costos de no hacer nada al respecto son imposibles de soportar.
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