Estado de derecho

Estancamiento económico, debilitamiento del Estado de derecho, inseguridad persistente y concentración de poder marcan un escenario de crisis acumulada que complican el futuro inmediato del país.

El 2025 cerró con una profunda reconfiguración del Estado mexicano: reformas al Poder Judicial, debilitamiento de contrapesos, concentración del poder y restricciones al Estado de derecho.

Siempre es necesaria la revisión de legitimidad, justicia y legalidad alrededor de un acto de la autoridad que pueda llegar a vejar los intereses del particular.

En un país acostumbrado a negociar la ley en lugar de cumplirla, la eliminación del amparo y la indefensión ciudadana reflejan un retroceso histórico en la justicia y la legalidad.

El porcentaje de los que apoyaron la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte fue ampliamente superado por el cerca de 87 por ciento de los que rechazaron el proceso electoral.

El domingo se celebrarán elecciones para jueces, magistrados y ministros. Como ya lo han señalado dos expresidentes del IFE/INE, no será una elección verdaderamente democrática.

Varios factores permiten pensar en el fraude o el fracaso de esa elección, así como en el impulso de una democracia limitada y deforme.

Hay decretos que otorgan estímulos fiscales para el norte y sur del país; pero los requisitos para la aplicación de estos complican establecerse en México y provoca que los inversionistas busquen otros países con un mejor trato en materia fiscal.

En países con tribunales constitucionales, pueden litigar en contra de leyes excesivas o vagas y atacar su inconstitucionalidad.

El caso del Viaducto Punta Diamante pone en evidencia los desafíos que enfrenta el Estado de derecho en México y la importancia de garantizar que las decisiones judiciales sean acatadas sin excepciones.