En marzo de 2026, el tráfico por el Estrecho de Ormuz — única salida marítima de los países productores del Golfo Pérsico — se redujo más del 95% a raíz de la guerra de Irán. Dado que más del 20% del petróleo mundial transita por ese canal, el resultado fue la mayor interrupción de suministro jamás registrada. El precio del crudo Brent se disparó de menos de 60 dólares a un máximo de 119 dólares por barril, y la Agencia Internacional de Energía (AIE) respondió con la mayor liberación de reservas estratégicas en sus 50 años de historia: 400 millones de barriles entre sus 32 países miembros, incluido México.
En la última década, eventos como la pandemia Covid-19, la guerra de petróleo de 2020 y la invasión de Rusia en Ucrania han demostrado que el mercado energético global puede sufrir shocks que alteran los precios y la disponibilidad de la molécula de forma abrupta, y ningún país está exento. La diferencia en el grado de impacto está directamente relacionada con qué tan sólida es su seguridad energética. En ese contexto, México —rico en hidrocarburos y con una posición geográfica privilegiada— tiene ventajas competitivas reales que aún no aprovecha plenamente."
La primera oportunidad es comercial. Países como Japón, que obtiene más del 90% de su crudo desde Oriente Medio, están buscando con urgencia diversificar sus fuentes de suministro. El pasado 23 de abril, la presidenta Sheinbaum confirmó que Pemex acordó la venta de 1 millón de barriles de crudo al gobierno japonés, acuerdo ratificado en una llamada con la Primera Ministra Sanae Takaichi y con entrega prevista para julio según el diario Nikkei. El beneficio no es solo económico —divisas al precio spot global— sino geopolítico: México se posiciona como un aliado energético estratégico para las potencias asiáticas que buscan alternativas fuera del Golfo Pérsico. El potencial va más allá de este acuerdo puntual: al ser vecino del mayor productor de gas natural del mundo, México puede aprovechar su posición geográfica para reexportar GNL desde el Pacífico hacia Asia, un mercado que hoy tiene una demanda urgente y creciente.
La segunda oportunidad es interna. Actualmente México importa más de la mitad de la gasolina que consume y el 75% de su gas natural de un solo proveedor: Estados Unidos. Esa concentración es una vulnerabilidad estructural, aunque vale reconocer los avances recientes. El plan de refinación impulsado desde el gobierno de López Obrador ha impulsado el autoconsumo: entre 2018 y 2025 las importaciones de gasolina cayeron del 83% al 52% del consumo nacional, y en diésel México ya cubre el 92% de su demanda internamente. Hoy Dos Bocas produce alrededor de 320 mil barriles diarios — el 20% del consumo nacional de gasolinas — aunque aún opera por debajo de su capacidad máxima de 340 mil barriles. En gas natural, sin embargo, la dependencia persiste. En respuesta, el 15 de abril la presidenta Sheinbaum anunció la conformación de un comité interdisciplinario —integrado por la UNAM, el IPN, la UAM y la UANL, entre otros— para evaluar la viabilidad de explotar gas no convencional mediante fractura hidráulica con tecnologías de menor impacto ambiental. Desarrollar las reservas de gas natural en México reduciría sustancialmente la dependencia energética de México.
La tercera oportunidad, y quizá la más urgente, es el almacenamiento. México cuenta con apenas 2.4 días de reservas de gas natural —distribuidos en tres terminales de GNL— y entre 3 y 5 días de petrolíferos como gasolina y diésel. La AIE exige a sus miembros importadores netos al menos 90 días de reservas de petroleo — tanto crudo como productos refinados. Aunque México está exento de esa obligación por ser exportador neto de crudo. En gas natural, sin embargo, no existe ese estándar internacional, y la vulnerabilidad es igualmente real: una interrupción del suministro desde Estados Unidos — por clima extremo, infraestructura dañada o tensión política — dejaría a México sin colchón para absorber el golpe. Ya ocurrió: en febrero de 2021, la tormenta Uri interrumpió el suministro de gas desde Texas a México, lo que se tradujo en cortes de electricidad para 4.6 millones de clientes en 26 de los 32 estados del país, mientras el precio del gas se disparó en un 5,000%. El sector privado ha manifestado su disposición a invertir en infraestructura de almacenamiento y terminales de licuefacción, pero la escala de estos proyectos requiere certeza regulatoria y respaldo activo del gobierno para ejecutarse.
La guerra de Irán es la disrupción al mercado energético más grande que hemos visto, lo cual tiene impactos económicos significativos. México debe de responder a esta coyuntura global con una estrategia de seguridad energética que lo fortalezca ante esta crisis y subsecuentes. Esta estrategia debe centrarse en tres ejes concretos —exportación, diversificación y almacenamiento.
Lo que falta no es potencial, sino la voluntad política y visión integral que permita al sector privado y al Estado implementar una estrategia de seguridad energética que fortalezca al país geopolíticamente y económicamente, particularmente en medio de un entorno de alta volatilidad y riesgo.