La violencia y el crimen tienen un impacto en el crecimiento económico de México e implican un costo monetario para el país, cuya factura se cobra a los negocios y hogares.
La semana pasada estuvo en el país el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, para sostener reuniones de alto nivel con funcionarios del gobierno mexicano y presentar el más reciente Estudio Económico de México, junto con el secretario de Hacienda, Edgar Amador.
El estudio concluye que la economía mexicana se ha visto significativamente afectada por la mayor incertidumbre global y los cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos.
El crecimiento se moderó en 2025, a 0.8 por ciento anual, teniendo como principal soporte las exportaciones no automotrices y el consumo privado.
Salvaguardar la estabilidad macroeconómica y revitalizar el crecimiento, tras dos décadas de modesto desempeño, son prioridades cruciales, plantea.
La OCDE espera que el crecimiento de México alcance el 1.4 por ciento este año, por arriba del 1.2 por ciento estimado previamente, así como el 1.7 por ciento en 2027.
En cualquier caso, el crecimiento seguirá siendo modesto, en medio de riesgos elevados, como las tensiones comerciales y la creciente incertidumbre política mundial, más aún tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la inestabilidad generalizada en Medio Oriente.
El organismo advierte que “reforzar aún más los esfuerzos para combatir la delincuencia, una preocupación importante para empresas y ciudadanos, es esencial para impulsar la inversión y el crecimiento”.
El estudio sobre México sostiene que, en términos de gobernanza, fortalecer el Estado de derecho, la independencia de facto de las instituciones y la eficacia judicial mejoraría el cumplimiento de los contratos y la confianza de los inversores.
Preservar un marco regulatorio estable y predecible es igualmente importante para aportar claridad a las decisiones de inversión a largo plazo.
Además, una mayor reducción de la delincuencia también impulsaría la inversión y mejoraría el bienestar de los ciudadanos.
Alberto González Pandiella, jefe del equipo económico de México en la OCDE, dijo a este reportero que la delincuencia “es un aspecto que está lastrando sin duda el crecimiento de México. El crimen está retrayendo el crecimiento en uno o dos puntos porcentuales, según algunas estimaciones”.
Reconoce que “ha habido un cambio en el énfasis de la estrategia de seguridad de México, que es reforzar las tareas de inteligencia y la capacidad investigativa del Estado”.
Como efecto, “se están viendo resultados positivos en algunas estadísticas y en algunos indicadores de crimen, y creemos que esa es la estrategia a continuar”.
En el mismo sentido, Moody’s Ratings publicó un reporte sobre los riesgos de seguridad derivados de la creciente confrontación con los cárteles.
Expuso que los actos de violencia e inseguridad, como los registrados en algunas entidades tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, influyen en el perfil crediticio del país.
Moody’s Ratings cree que mientras la violencia se limite a áreas que no son críticas para la actividad macroeconómica, como sí lo son la industria, la manufactura o el turismo, no se anticipan implicaciones crediticias significativas, pero no descarta que se presenten acciones de represalia a corto plazo por parte del CJNG y disputas internas por la sucesión.
“Consideramos que la seguridad es un riesgo social clave para México y una restricción estructural para el crecimiento económico, porque aumenta los costos para las empresas –incluido el pago de extorsiones– y empeora el entorno operativo. La actividad económica ilegal también debilita las instituciones a través de la corrupción”, subraya.
Si bien mayores niveles de violencia podrían tener efectos negativos a corto plazo, avances significativos en materia de seguridad serían positivos en términos crediticios en el largo plazo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha modificado la política de seguridad respecto de su predecesor, AMLO, quien evitó confrontar directamente con los cárteles, recuerda Moody’s.
Con independencia de lo que exponen la OCDE y Moody’s, no hay duda de que la inseguridad no sólo afecta negativamente la actividad económica, sino que inhibe la inversión y deteriora las expectativas de crecimiento futuro.
Sin políticas más efectivas que combatan la delincuencia y mejoren el Estado de derecho, no habrá un entorno de confianza que favorezca la inversión y el crecimiento de la economía.