La buena noticia de la semana fue que la actividad económica de México, medida por el IGAE, registró un crecimiento mensual de 2.6 por ciento en marzo, que permitió revertir la caída de 0.6 por ciento en febrero.
El rebote se atribuye al avance en el proceso de vacunación, al relajamiento de las restricciones a la movilidad ante el menor número de contagios por covid-19 y, en buena medida, al ‘tirón’ de Estados Unidos.
El hecho de que la actividad económica mostró un mayor dinamismo hacia el cierre del primer trimestre del año contribuyó a que, de acuerdo con datos revisados de crecimiento, en el periodo enero-marzo el PIB avanzó 0.8 por ciento respecto a los tres meses previos.
La cifra de crecimiento en el trimestre duplicó la estimación oportuna del PIB publicada por el INEGI el 30 de abril.
Tanto el dato del IGAE como el del PIB superaron las expectativas de los analistas, lo que en muchos casos llevó a que los pronósticos de crecimiento de instituciones financieras para 2021 fueran revisados al alza.
Si bien las expectativas de crecimiento se mantienen en alrededor de 5 por ciento para todo el año, algunos grupos de análisis elevaron su previsión de ‘rebote’ del PIB en torno a 6 por ciento, después de la contracción de 8.3 por ciento en 2020.
Pese a la mejoría en la recuperación esperada, persisten riesgos para el crecimiento, entre los que destacan la posibilidad de repuntes en el número de contagios y retrasos en el programa de vacunación, así como el próximo proceso electoral en México.
En ese sentido, la violencia contra candidatos a puestos de elección popular es muy condenable, pero a la vez es un botón de muestra de los problemas de gobernanza en el país.
Es preocupante el entorno sociopolítico, donde la violencia criminal y la inseguridad pública son incompatibles tanto con la vida democrática como con la actividad económica.
A eso se suma la exacerbada polarización social en torno al proceso electoral del 6 de junio, que –como se ha dicho– no sólo será distinto a otros por la pandemia, sino que será el más grande de la historia por el número de mexicanos que podrán votar.
La contienda electoral se presenta en un ambiente de debilidad institucional en el que el Estado mexicano se muestra vulnerable frente a grupos del crimen organizado en algunas regiones del territorio nacional, como en Aguililla, Michoacán, por ejemplo.
Lo más grave del proceso son las amenazas contra aspirantes a cargos de elección popular y, en el peor de los casos, los homicidios de candidatos en lo que va de las campañas electorales.
Hasta ahora, la violencia contra actores políticos –hombres y mujeres– ya ha cobrado la vida de 89 personas entre el 7 de septiembre de 2020 y el 28 de mayo de 2021, según el Indicador de Violencia Política de la firma Etellekt Consultores.
De ellos, van 35 aspirantes y candidatos asesinados, de los cuales 30 buscaban cargos municipales, cuatro se postulaban por diputaciones estatales y uno aspiraba a una diputación federal.
Lamentablemente, los casos de alto impacto de las últimas semanas, sobre todo los crímenes de quienes competían por alcaldías, ponen en duda la capacidad del Estado mexicano para brindar seguridad a los candidatos.
Los problemas de gobernanza, que incluyen las condiciones de inseguridad, ‘espantan’ la inversión privada, erosionan la confianza empresarial y representan un obstáculo para la actividad económica.
Esos factores, junto con la impunidad y corrupción, son lastres para el crecimiento y la recuperación de la economía tras el paso de la pandemia, sin considerar los muchos retos cuya solución está todavía pendiente.