La semana cerró con la reunión virtual entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que por lo que se pudo ver en redes sociales fue un encuentro cordial.
AMLO informó que “conversamos en términos amistosos” y que “estamos comprometidos a trabajar juntos para buscar medidas eficaces, humanas y justas al fenómeno migratorio”.
“Acordamos trabajar juntos para establecer una asociación estratégica para abordar las causas fundamentales de la migración, estimular el desarrollo económico y ampliar la cooperación en materia de seguridad”, reveló por su parte Harris.
Aunque el tema central fue migración, la reunión se realizó en medio del recrudecimiento de las tensiones entre los dos países en materia de energía por las recientes reformas aprobadas en México sobre los sectores eléctrico y de hidrocarburos.
No deja duda del conflicto la carta enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken; a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo; a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, y a la representante comercial de EU, embajadora Katherine Tai, por el American Petroleum Institute (API), que es el principal conglomerado de empresas petroleras estadounidenses.
El documento, que se hizo público el jueves, advierte de los “esfuerzos continuos” por parte de la administración del presidente López Obrador para “socavar” el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y “discriminar a los inversionistas estadounidenses” en violación de los compromisos asumidos por nuestro país tanto en el TLCAN como en el T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020.
Más aún, la carta firmada por Mike Sommers, presidente del API, asegura que el cambio de reglas en materia energética agrava las acciones discriminatorias del gobierno mexicano contra empresas privadas para favorecer a Pemex y la CFE.
Se refiere a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, que está detenida por suspensiones otorgadas por jueces federales, así como a la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor el miércoles pasado y sobre la que, de acuerdo con la International Chamber of Commerce Mexico, ya habría 50 solicitudes de amparo.
“El denominador común de ambas leyes es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya están operando en violación de los compromisos de México bajo el TLCAN y el T-MEC”, según el API.
La carta se difundió justo en la semana en que se conoció que, en el primer trimestre del año, México se volvió a colocar como el principal socio comercial de EU, al superar a Canadá y China.
Sommers solicita a los funcionarios de EU instar al gobierno mexicano a mantener sus compromisos del T-MEC de tratar a los inversionistas y exportadores estadounidenses de manera justa.
Y pide que se incluyan “estas violaciones” como un tema principal de discusión para la próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio que acordaron sostener la embajadora Tai y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
Si bien el T-MEC garantiza la independencia y soberanía de México en materia energética, lo que incluye el derecho a modificar sus leyes, incluso la Constitución, no exime de los compromisos asumidos por el país con los inversionistas que participan en el sector.
Bajo la ‘nueva política energética’, la intención de favorecer a las empresas del Estado, el trato desigual a las inversiones extranjeras y la restricción de los mercados de electricidad e hidrocarburos a la competencia son temas que pueden dar lugar a controversias.
A partir del sexto año de la entrada en vigor del T-MEC, se realizará una revisión del tratado por parte de una comisión compuesta por representantes de cada gobierno (México, EU y Canadá).
La negociación de energía puede volver a la mesa de discusión en 2026 ante el supuesto trato discriminatorio a empresas petroleras de EU que acusan los representantes de ese sector.
Las tensiones en materia de energía son el hilo más delgado de la relación con EU. México debe poner atención en el tema, porque el hilo siempre se rompe por lo más delgado.