En momentos de mayor incertidumbre relacionada con el deterioro del marco institucional y del Estado de derecho en México por factores que generan preocupación, la semana cerró con noticias positivas sobre el proceso de recuperación económica y la calificación crediticia.
Moody’s refrendó la calificación Baa1 de la deuda soberana de México sin modificar la perspectiva negativa, lo que disminuye la posibilidad de que el país pierda su grado de inversión en el corto plazo.
A pesar de las señales de mejoría, hay una serie de riesgos en el panorama que siguen planteando retos importantes en materia económica.
Lo bueno: Con estimaciones oportunas del INEGI publicadas ayer muy temprano, el PIB del periodo enero-marzo registró un sorpresivo crecimiento trimestral de 0.4 por ciento, que superó las expectativas de los analistas, que esperaban un estancamiento económico.
En la víspera se conoció que, en cifras equivalentes, Estados Unidos creció 1.6 por ciento en el mismo periodo. Es decir, México avanzó la cuarta parte de lo que creció su principal socio comercial.
México viene de un crecimiento de 3.3 por ciento en el cuarto trimestre de 2020 y de 12.4 por ciento en el tercero.
La actividad económica continuó recuperándose, aunque a un ritmo mucho más moderado que el de los dos trimestres previos.
En el primer trimestre del año, la actividad en el sector primario (agropecuario) registró un retroceso de 1.3 por ciento respecto al periodo precedente.
El sector secundario, que agrupa a las actividades industriales, presentó un nulo crecimiento con relación al trimestre anterior.
Por su parte, el sector terciario (comercio y servicios) tuvo un repunte de 0.7 por ciento respecto a los tres meses previos.
De lo anterior se desprende que la contribución más importante al crecimiento trimestral del PIB fue del comercio y los servicios.
De hecho, como expuso ayer el economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar, las actividades terciarias salvaron a la economía del estancamiento total en el primer trimestre de 2021.
Otra lectura de las cifras oportunas nos dice que en marzo se revirtió la debilidad observada en enero y febrero, cuando el Indicador Global de la Actividad Económica, que es una medida aproximada del PIB mensual, se contrajo 0.1 y 0.3 por ciento, respectivamente.
De acuerdo con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, si no hay cambio en las tasas mensuales del IGAE de enero y febrero, la actividad económica habría tenido un crecimiento de casi 2 por ciento en marzo.
Se advierte que el consumo y los servicios se reactivaron una vez que las restricciones a la movilidad, impuestas en algunas entidades del país con el recrudecimiento de la pandemia al inicio del año, se aligeraron.
Lo malo: Si bien la economía mexicana continúa recuperándose gradualmente, aún muestra un gran rezago respecto a los niveles previos a la pandemia.
Julio Santaella, presidente del INEGI, señaló ayer que la segunda ola de covid-19 ralentizó la recuperación económica durante los primeros tres meses del año y dejó al PIB en un nivel similar al del segundo trimestre de 2016.
Se estima que la etapa de recuperación podría durar dos o tres años más, o incluso más de una década si se considera el PIB per cápita.
Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de Monex, considera que, si la recuperación mantuviera el dinamismo del periodo enero-marzo, sería hasta el cuarto trimestre de 2023 cuando la economía alcanzaría el tamaño que tenía antes de la pandemia.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, anticipa que una recuperación completa del PIB se alcanzará hasta 2024 y en términos per cápita, hasta 2034.
Es imposible que a mediados del año se puedan recuperar los niveles de antes de la pandemia, como lo reiteró ayer el presidente López Obrador.
Lo feo: En la semana continuaron los ataques y cuestionamientos a los órganos autónomos por parte del Ejecutivo, quien sugiere una reforma administrativa para desaparecerlos y pasar sus funciones a las secretarías de Estado.
El riesgo es que, al dar ese paso regresivo, se eliminaría el sentido técnico y especializado de las decisiones de estos organismos para convertirlas en disposiciones políticas, sin tomar en cuenta la regulación.
El presidente AMLO tiene formas de influir en la orientación de las políticas públicas con los nombramientos de los miembros de los órganos de gobierno, que deben ser personas con alto perfil técnico aprobadas por las instancias legislativas.
Siempre es mejor eso que introducir al marco legal medidas claramente contrarias al orden constitucional.