En el análisis del poder público suele cometerse un error recurrente: leer los gobiernos por calendario y no por fases de poder. Sin embargo, en política pública y en economía política, el factor decisivo no es cuándo se inicia un sexenio, sino cuándo comienza a operar la planeación y a producir efectos reales en el territorio. Esa diferencia, aparentemente técnica, es la que separa a los gobiernos que administran del día a día de aquellos que reconfiguran el desarrollo.
Todo gobierno atraviesa en su primera mitad tres momentos bien definidos. El primero es el de instalación: ordenar la casa, tomar decisiones estructurales, asumir costos iniciales y definir prioridades. El segundo es el de consolidación institucional: cuando el control del aparato público se afirma y la planeación deja de ser diseño para convertirse en ejecución. El tercero es el político: cuando el ejercicio efectivo del poder empieza a proyectarse hacia el ciclo intermedio; 2026 es el año en el que esas tres fases se cruzan.
No es simplemente “el segundo año”. Es el año en el que la planeación ya fue tomada, el control institucional ya se ejerció y la ventana política comienza a estrecharse. En ese punto, el poder deja de ser potencial y se vuelve capacidad efectiva de ejecución. Ahí es donde entra el 2026.
Desde una perspectiva teórica, este es el año que revela algo fundamental: si los proyectos estratégicos fueron concebidos para el discurso o para la realidad. A diferencia del primer año (dominado por anuncios, ajustes y narrativas), el segundo expone avances físicos, financieros y operativos. No hay relato que sustituya eso. O la obra avanza, o no avanza.
México llega a este momento en un contexto particularmente exigente. La economía norteamericana entra en una fase de ajuste; el TMEC enfrenta tensiones técnicas y políticas; y la relocalización industrial deja de ser una expectativa para convertirse en competencia real entre territorios. En ese entorno, los activos más valiosos ya no son los incentivos fiscales ni los discursos optimistas, sino certeza institucional, infraestructura operando y tiempo. El tiempo importa más de lo que suele reconocerse y Yucatán entendió esa lógica desde el arranque del gobierno de Joaquín Díaz Mena.
A diferencia de otros sexenios que consumieron su primer año en diagnósticos prolongados o replanteamientos sin ejecución, en Yucatán se optó por una secuencia deliberada y altamente eficaz: orden financiero desde el inicio, planeación territorial clara y arranque temprano de proyectos estratégicos. Esa decisión política, más relevante de lo que suele reconocerse, explica por qué 2026 no es un año de despegue, sino de culminación de primeras fases y, en algunos casos, de materialización completa de proyectos estratégicos.
El Renacimiento Maya, impulsado por Díaz Mena, fue concebido como una arquitectura de poder territorial y partiendo de una premisa exigente: el desarrollo no se anuncia, se construye; y el poder no se hereda, se ejerce con planeación, disciplina y ejecución.
Esto coloca a Yucatán en una posición singular dentro del país. Todo indica que podría convertirse en el primer territorio donde se materialicen de manera visible proyectos estratégicos de alcance nacional, no solo estatal. La ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso es ilustrativa: no es una obra local, es una pieza de la nueva arquitectura logística de México. Que avance, o incluso se concluya en sus primeras etapas, antes que infraestructuras equivalentes en otras regiones no es un detalle técnico; es una ventaja geoeconómica concreta, lo mismo en el caso del Tren Maya en su fase de carga.
En términos de poder territorial, esto tiene implicaciones profundas. Yucatán no solo acompaña la estrategia nacional: la adelanta. Y quien adelanta define estándares, atrae flujos y condiciona decisiones posteriores. No se trata de protagonismo político, sino de centralidad funcional en el nuevo mapa del desarrollo.
La lección es más amplia. En los próximos años, México no se reorganizará por discursos ni por declaraciones de intención, sino por nodos: logísticos, productivos, energéticos y de gobernabilidad. Los estados que logren articular esos nodos primero se volverán imprescindibles. Los demás quedarán subordinados a decisiones tomadas en otros territorios.
Por eso, 2026 es un año bisagra. No solo para Yucatán, sino para el país. Marca el momento en que empieza a distinguirse entre quienes planearon para administrar y quienes planearon para transformar. Entre quienes reaccionan al contexto y quienes lo inciden desde el territorio.
Si esta lectura es correcta, Yucatán no entra a 2026 como un actor más del federalismo mexicano, sino como uno de los territorios con mayor capacidad real de incidencia en el nuevo ciclo nacional. No por volumen poblacional ni por estridencia política, sino por algo más determinante y escaso: haber entendido, a tiempo, que en el desarrollo contemporáneo el tiempo también es poder.
