Este jueves, en la ciudad portuaria de Busan, Corea del Sur, Donald Trump y Xi Jinping volverán a verse las caras. El encuentro, confirmado por ambos gobiernos, se da en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y representa mucho más que una reunión bilateral: es el intento de contener una crisis comercial que ya comienza a traducirse en turbulencias para las cadenas globales de suministro.
Durante los últimos meses, Washington y Pekín han escalado sus tensiones en tres frentes simultáneos: los aranceles cruzados sobre bienes estratégicos, las restricciones tecnológicas y los controles chinos a la exportación de minerales críticos, como las tierras raras y el grafito, indispensables para la transición energética y la industria de semiconductores. Trump llega con la promesa de “un gran acuerdo”, mientras Xi busca evitar que el desacoplamiento financiero y logístico termine por fracturar la estabilidad económica de su país.
Ambas potencias llegan desgastadas y conscientes de su mutua dependencia. Washington no puede reconstruir su capacidad industrial sin insumos chinos; Pekín no puede mantener su estabilidad interna sin acceso a dólares, tecnología y energía. Ese equilibrio de necesidad define el nuevo pragmatismo de rivalidad: cooperar lo suficiente para no colapsar, competir lo suficiente para no ceder.
El resultado más probable no será una tregua completa, sino una pausa táctica: un acuerdo parcial que congele nuevos aranceles, restablezca las compras agrícolas chinas y suavice algunos controles tecnológicos. No obstante, incluso un entendimiento limitado tendría efectos globales. Bajaría la prima de incertidumbre en los mercados, daría oxígeno a la industria manufacturera y, sobre todo, reconfiguraría los incentivos de localización productiva.
México se encuentra en una posición estratégica frente a este reacomodo. La región ha entendido que el crecimiento no depende de la competencia entre potencias, sino de la capacidad para aprovechar sus interdependencias. La política industrial y energética de los últimos años ha comenzado a construir las bases de una integración productiva con sentido propio: inversiones orientadas a manufactura avanzada, corredores logísticos que conectan el Golfo y el Pacífico, y una agenda energética que, con todos sus contrastes, mantiene un principio claro de soberanía.
Si la conversación de Busan logra estabilizar el comercio global, México saldrá fortalecido. Pero no por efecto automático, sino porque ha demostrado consistencia en lo esencial: estabilidad macroeconómica, cercanía geográfica, y una narrativa de certidumbre que ha devuelto confianza a los mercados. Los estados que sepan leer esta coyuntura y actuar con visión estructural serán los que capitalicen la nueva ola de inversión que busca reducir riesgos sin renunciar a la eficiencia.
Entre ellos destaca Yucatán, que se ha convertido en ejemplo de planeación estratégica territorial. Bajo el liderazgo del gobernador Joaquín Díaz Mena, el Renacimiento Maya traduce en hechos lo que muchos países aún discuten: cómo combinar infraestructura, sostenibilidad y cohesión social dentro de un modelo de desarrollo de largo plazo. La ampliación y modernización del Puerto de Progreso, el libramiento ferroviario Poxilá–Progreso, el anillo vial metropolitano y los polos industriales del bienestar son piezas de un mismo sistema que coloca al estado como plataforma logística del Golfo y polo de inversión segura en la era del nearshoring estructural.
Mientras Trump y Xi intentan redefinir la arquitectura del comercio mundial, México —y particularmente Yucatán— demuestran que el liderazgo se ejerce interpretando el cambio antes de que ocurra. Porque el futuro no se negocia: se construye desde el territorio, con visión y con equilibrio.
