Desde el anuncio de la formación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una amplia diversidad de voces ha expresado distintos temores sobre el eventual contenido de esta reforma. Muchos de éstos derivan directamente de los intentos de cambios constitucionales en esta materia del sexenio pasado, que incluían, entre otras cosas, el encogimiento de la Cámara de Diputados y de la autoridad electoral.
Ciertamente, los antecedentes no favorecen una visión optimista de lo que desde el gobierno pudiera pretenderse en este proceso y, por otra parte, la desconfianza ha sido parte integral del debate electoral en México por muy fundadas razones. Así, en principio, las tempranas disidencias con la posible reforma en ciernes son parte natural de un debate democrático en un país con la diversidad y conflictividad política del nuestro, y no pueden ser descalificadas por manifestarse.
Sin embargo, estas preocupaciones, por sí mismas legítimas, no pueden, en este debate, sustituir a los hechos. Con el paso de las semanas, la evolución de las preocupaciones iniciales fue llevando a la convicción de distintos actores y analistas políticos de la urgencia de rechazar la reforma por su contenido regresivo y antidemocrático, al margen del hecho de que, hasta el día de hoy, simplemente no existe ninguna iniciativa presidencial sobre el tema. Por supuesto, de esta ausencia tampoco se puede derivar la conclusión contraria –que la nueva legislación será un avance democrático–, pues esto sería un prejuicio exactamente de las mismas dimensiones, ambos basados en la sustitución de un texto que hoy no existe, con deseos, creencias, temores y esperanzas propias.
Lo que sí hay de cierto en este proceso es que, a diferencia de 2022, se inició con un debate formal y de meses antes de la presentación de las iniciativas de ley correspondientes, y que en este debate pudo participar cualquier persona con la voluntad de hacerlo, a más de que, fuera de los espacios de la comisión presidencial, el debate público dispuso de mucho mayor tiempo, lo cual ha permitido su expansión y profundización. En qué medida las voces que fueron escuchadas verán algo de sus propuestas reflejadas en la eventual nueva legislación, es algo que también está por verse, y sobre lo que hoy no se pueden emitir valoraciones, sólo expresar prejuicios.
Creo que, por lo pronto, y durante el tiempo que la reforma se debata en las cámaras legislativas, lo mejor que se puede hacer, como ciudadanos interesados, como opositores, o como afines a la coalición gobernante, es escuchar, entender, razonar y opinar. El temor o la esperanza de lo que pueda ocurrir no debe, insisto, cerrar el espacio de debate democrático que hoy, como sociedad, tenemos. Lo que ocurra después, el contenido que incorporarán las leyes a partir de la potencial reforma, merecerá ser objeto de sus propios juicios, de su propia valoración y, según el caso, oposición o exaltación.
La reforma electoral que viene no puede hoy ser calificada ni en un sentido ni en otro, la racionalidad de la discusión política exige esperar a la existencia de un texto concreto para, entonces sí, discutir, calificar, confrontar o celebrar, sin más límite que los márgenes de la ley, el nuevo régimen electoral que tal vez estamos en vísperas de ver nacer.
Por mi parte, sólo espero que, tanto en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, como en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, prevalezca una visión de Estado de largo plazo, y que el diseño electoral que se proponga sirva al México de hoy y al de las dos próximas generaciones, y no sea simplemente un intento de garantizar mejores condiciones electorales a una fuerza política dominante. En cualquier caso, las responsabilidades de lo que resulte, para bien y para mal, serán públicas, evidentes e inapelables.
